
‘Blindaje’ de los hoteleros
PLAYA DEL CARMEN
Contrario a lo dicho por el cuarto regidor, Gustavo Maldonado Saldaña, en el sentido de que hay una buena recepción del sector hotelero para pagar el derecho de saneamiento de 20 pesos, las grandes cadenas españolas ya comenzaron a ampararse contra este decreto.
Sin embargo, no lo hicieron como agremiadas a la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), sino como integrantes de la Asociación Internacional de Inversores Hoteleros (Inverotel) y con la asesoría de su gerente, Ramón Roselló Pons.
Como se recordará, la AHRM y sus integrantes desde que se presentó la iniciativa en el Congreso del Estado, se han opuesto al pago de dicho derecho, el cual sería pagado por los huéspedes.
Incluso, se reunieron con la presidenta Cristina Torres Gómez el pasado 11 de enero, para conocer a fondo este derecho antes de fijar una nueva postura.
Asimismo, el pasado 10 de febrero, en rueda de prensa convocada por Maldonado Saldaña, como encargado de la Comisión de Turismo y Ecología del Cabildo, sostuvo que con base en las reuniones que se han tenido con el sector hotelero, se podía decir que las cosas iban bien, toda vez que algunos empresarios ya aceptaron este derecho, que empezaría a cobrarse a partir de septiembre.
En este sentido, al indagar entre algunos representantes de la industria sin chimeneas, comentaron que las grandes cadenas españolas que tienen presencia en este destino ya iniciaron acciones para evitar la aplicación de este derecho.
Esto, porque el plazo legal para promover el juicio de amparo era de 30 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, o 15 días hábiles siguientes a partir del primer acto de aplicación.
Este decreto, cabe recordar, entró en vigencia el 1 de enero del año en curso; es decir, el pasado 10 de febrero vencía el plazo para que los hoteleros se ampararan.
Por lo anterior, de acuerdo a las fuentes que se reservaron el nombre en el anonimato, algunos hoteles sí actuaron para impedir la medida.
Para ello, se valieron del apoyo de Ramón Roselló, como representante del organismo que concentra unos 80 complejos hoteleros y más de 40 mil cuartos en el Caribe Mexicano.
Hay que mencionar que algunas de las cadenas hoteleras agremiadas a Inverotel son Bahía Príncipe, Riú, Barceló e Iberostar.
El amparo que promovieron de manera individual las cadenas hoteleras es porque el decreto señalado viola el artículo 31 en su fracción IV, de la Constitución mexicana, la cual establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, refiere.
El decreto promovido desde el Congreso del Estado, establece la obligación a los particulares o prestadores de servicios de hospedaje de cobrar, recaudar y enterar un pago de 20 pesos por persona por noche de hospedaje y, en este sentido, los particulares no pueden cobrar ningún pago de derechos por servicios que presta el gobierno, ya que es una facultad exclusiva y personal del Estado pues es el Estado el que puede dar a los gobernados o ciudadanos servicios, y cobrarles algún tipo de derecho por ellos.
Por Fernando Morcillo