Arrecia la disputa en el TSJ

Por Mayra Cervera > Quequi

El próximo 8 de agosto, en sesión pública, los 12 integrantes del Pleno Judicial votarán de manera libre y secreta para relevar  en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a Fidel Villanueva Rivero, lo que ha generado una politización de la justicia que ha llevado a la descalificación entre los mismos magistrados que hoy buscan ocupar el cargo.

Los tres grupos de Joaquín González Castro, Lizbeth Song Encalada y Fidel Villanueva Rivero, pelean por el control de la Tribunal Superior de Justicia, como en su momento fueron apoyados por los gobernadores en turno.

En el caso del magistrado José Antonio León Ruiz, actualmente es integrante del Consejo de la Judicatura Local, quien llegó al Poder Judicial como exsecretario privado del expresidente Joaquín González Castro, quien presuntamente lo impulsa al cargo desde la Subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales de la actual administración estatal.

Al magistrado León Ruiz se le conoce también por haber sido secretario particular e incondicional de la también expresidenta del Poder Judicial, Lizbeth Song Encalada.

En 2012 y por supuestas recomendaciones de esta última, el Congreso del Estado aprobó su designación como magistrado, sin tener carrera judicial, porque nunca formó parte de algún juzgado, menos fue nombrado juez.

UNA CARTA FUERTE

Otra aspirante fuerte es la magistrada Verónica Gloria Acacio Trujillo, quien entre otros cargos ocupó la tercera sala especializada en materia penal tradicional en Cancún.

Designada para la tercera sala tradicional en materia penal en Chetumal  en noviembre del año pasado, ella cuenta con un amplio currículum, entre el que destaca un posgrado en la Escuela Libre de Derecho y ha cursado diversos diplomados en derecho procesal constitucional, derecho procesal civil, y en criminología y prevención del delito.

Aunado a ello, ha ocupado varios cargos públicos en la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, además de haber participado en el concejo municipal interino de Benito Juárez, después que se decretara la desaparición de poderes en el trienio de Juan Ignacio García Zalvidea.

Desde su llegada, ha puesto orden el Tribunal Superior, ahora expandido a 12 magistrados, pues fue la encargada de elaborar los dictámenes contra Carlos Lima Carvajal y otros dos altos jueces, por no entregar declaración patrimonial, que fue enviada al Congreso del Estado, pero que se detuvo por un amparo.

Otro al que se menciona es a Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, pues también ha destapado sus aspiraciones a la presidencia del Poder Judicial del Estado. Previamente director jurídico de la Auditoría Superior del Estado, fue nombrado magistrado en 2013.

NO A IMPOSICIONES

El Colegiado de Abogados en Chetumal ha asegurado que se ha politizado la justicia para la designación de los presidentes del Poder Judicial del Estado desde los gobiernos anteriores, bajo imposiciones y compadrazgos.

Y que han propuesto que los aspirantes al cargo se sometan a métodos y exámenes de control y confianza, para que garanticen que no habrá un manejo de grupos ni politización en la impartición de justicia.

Incluso, el gobernador Carlos Joaquín se ha desmarcado de la decisión de quién será el próximo sustituto de Fidel Villanueva Rivero, al asegurar que mantiene su respeto a la autonomía del Poder Judicial y que no interferirá en la elección del nuevo presidente del TSJ.

De igual manera, catedráticos de la carrera de Derecho han manifestado que en la designación del nuevo magistrado presidente se debe privilegiar la honestidad y la honorabilidad, que tenga mística de servicio y que dentro de sus responsabilidades no anteponga los intereses políticos de grupos o personas.

Y que los procedimientos para la renovación sean más estricto que acredite los conocimientos técnicos jurídicos de los magistrados aspirantes, y no sólo se llenen los requisitos, con cédulas profesionales o postgrados, que sirven como formulismo para legitimar los cargos, aun cuando en su gran mayoría llegan por recomendaciones, que es la principal causa de corrupción en la impartición de justicia, ya que predomina el influyentísimo y el manejo político en los tribunales.