Aplica Cristina ley del garrote
PLAYA DEL CARMEN
Intolerante a las críticas, el gobierno de Cristina Torres reprime a comunicadores que ponen en tela de juicio su fallida forma de gobernar.
La presidenta de Solidaridad intenta por medio de la represión acallar las voces disidentes y entonces recurre a sus triquiñuelas de montar escenarios para sobajar a periodistas.
Luego de que apenas la directora del Registro Civil agrediera a la reportera Perla Martínez cuando se encontraba realizando su trabajo, la noche de este viernes al salir de su casa de compras, el reportero Carlos Narváez fue detenido por unos policías municipales, acusándolo de acosar a un menor y sin más fue subido a la patrulla y trasladado a los separos de seguridad pública, donde lo mantuvieron incomunicado por dos horas, ya que no se encontraron pruebas suficientes del presunto delito que se le imputaba.
Es importante mencionar, en este sentido, que Carlos Narváez a través de las redes sociales ha denunciado la inseguridad que se vive en Playa del Carmen sin que la presidenta Cristina Torres ponga un hasta aquí a la delincuencia.
Poco antes de su detención, comenzaron a aparecer mensajes en redes sociales advirtiendo sobre la existencia de un “acosador”, mostrando la imagen de Narváez, calumnia sin sustento que él denunció como parte de la campaña lanzada en su contra.
Cabe destacar que Narváez previamente había denunciado la agresión contra la reportera Perla Martínez, quien, por cierto, intentó ser “balconeada” por la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, que difundió un video de los momentos posteriores a su agresión, además de pretender responsabilizarla del incidente.
ANTECEDENTES
Apenas hace unas semanas el reportero Rubén Pat, titular del semanario Playa News, fue levantado por dos policías y golpeado en Seguridad Pública bajo amenaza de que no siguiera publicando notas en contra de los altos mando de la Policía Municipal.
A este rosario de agresiones se suman las de dos reporteros de la nota policiaca que fueron agredidos físicamente por dos elementos de la Policía Municipal, el primero, Édgar Olivares, mientras cubría el asesinato de un joyero en el mercado Diana Laura Riojas (además de golpearlo, el uniformado le borró las fotos que traía en su cámara); y el otro, Francisco Romero, cuando hacía la cobertura de un incendio en la colonia Luis Donaldo Colosio.
En noviembre del año pasado, la suma de agresiones que sufrieron estos y otros periodistas provocó una manifestación por parte del gremio, en la plaza 28 de Julio, misma que parece haber caído en oídos sordos, pese a las investigaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Cdeqroo).
La actual actitud que el gobierno municipal ha mostrado ante algunos representantes de los medios locales contraviene el discurso de la promesa de campaña donde se aseguraba total libertad de expresión y transparencia en las actividades de los funcionarios.
Reporteros en el municipio ven con temor cómo son intimidados o incluso agredidos de forma impune sin que las autoridades les garanticen su bienestar; situación que se agrava con la hostilidad por parte de la actual administración hacia la prensa. Baste como muestra mencionar a algunos integrantes del gremio amenazados en los últimos meses: Saraí Santillán, Octavio Martínez, Joel Tzab, Fabiola Cortés, Amir Ibrahim, Carlos Barrios y Eduardo Rascón, entre otros.
Por Luis García>Quequi
