Analizan castigar a quien cometa ‘cobro de piso’
Estudia reforma para tipificarlo como delito y sancionar con cárcel a quienes lo cometan.
Ante el incremento en prácticamente todo el país del llamado “cobro de piso” que lo mismo afecta a comerciantes ambulantes, taquerías, tortillerías, transportistas, aguacateros, limoneros y grandes industrias, el Senado de la República analiza una reforma para tipificarlo como delito y sancionar con 12 años de cárcel a quienes lo cometan.
La iniciativa de reforma fue presentada por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, quien expuso que se debe considerar el cobro de derecho de piso como actos de la delincuencia organizada e imponer de ocho a 12 años de prisión a quien cometa este tipo de ilícitos.
La legisladora del PT comentó que se trata de una práctica desleal que ha institucionado el crimen organizado en el país, lo cual genera un ambiente de miedo, violencia e inseguridad en la sociedad, además de obstaculizar el desarrollo económico y social de las personas.
Destacó que esta actividad viola los derechos humanos de las personas, lo cual afecta su derecho al trabajo y a la libertad para ejercer la profesión, industria y el comercio.
En el proyecto que se analiza en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora plantea que un elemento importante que se debe considerar es que este delito tiene graves impactos negativos en la economía, porque desincentiva la inversión y el emprendimiento en áreas geográficas afectadas por el crimen organizado.
Por ello, dijo, es de vital importancia combatir esta práctica criminal, ya que socava el Estado de derecho.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 (ENVIPE), durante 2022 se cometieron 26.8 millones de delitos asociados a 21.1 millones de víctimas, lo que representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima.
En este sentido, expresó que combatir la extorsión en la modalidad de cobro de derecho de piso es esencial para proteger a la sociedad, promover el Estado de derecho, salvaguardar los derechos individuales, fomentar la economía y prevenir la expansión del crimen organizado.
