Ampara juez a migrantes
Un fallo protege a cinco mil venezolanos en Estados Unidos de Donald Trump.
Estados Unidos
Por Agencias
Un juez federal en San Francisco detuvo el intento del Gobierno del expresidente Donald Trump de invalidar permisos de trabajo y otros documentos legales otorgados a unos cinco mil venezolanos, un grupo dentro de los casi 350 mil beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. La decisión, emitida por el juez Edward Chen, representa un respiro legal para miles de personas que enfrentaban la pérdida de su estatus migratorio y el riesgo de deportación.
El fallo surge luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidiera en febrero revocar esos documentos, como parte de la política migratoria de línea dura impulsada durante el gobierno de Trump. Chen concluyó que Noem se extralimitó en sus funciones al cancelar los permisos de trabajo emitidos bajo el amparo del TPS, especialmente considerando que la legislación no le otorga esa facultad.
La Corte Suprema de Estados Unidos había levantado el pasado 19 de mayo una orden que impedía al Gobierno eliminar el TPS para los venezolanos. Sin embargo, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad de que los afectados impugnaran la cancelación de los documentos que les permitían residir y trabajar legalmente en el país.
Los documentos protegidos por la orden judicial fueron emitidos durante los últimos días del mandato de Joe Biden, cuando su administración extendió el TPS para venezolanos por 18 meses más, hasta octubre de 2026. Fue esta prórroga la que Noem intentó revertir al asumir el cargo. La intervención judicial ahora devuelve validez a esos documentos.
Organizaciones defensoras como National TPS Alliance, junto con abogados de migrantes venezolanos, argumentaron ante el juez Chen que miles de personas estaban en peligro de perder su empleo o de ser deportadas si los documentos eran invalidados. La Corte aceptó sus argumentos, indicando que la secretaria carecía de base legal para esa acción.
Chen, designado por el expresidente Barack Obama, también apuntó que, aunque se trata de un subconjunto reducido (cinco mil personas), el precedente legal es importante. Su fallo reafirma que ninguna autoridad ejecutiva puede ir más allá de lo que establece la ley, especialmente cuando se trata de derechos que impactan directamente la vida de personas migrantes.
