Alcalde de Ruiz, Nayarit, es vinculado a proceso por violación sexual equiparada
Agencia
El alcalde del municipio de Ruiz, Nayarit, Jesús Guerra Hernández, fue vinculado a proceso por presumiblemente cometer el delito de violación sexual equiparada contra una menor de edad, con la que guarda parentesco, por lo que permanecerá detenido hasta que concluyan las investigaciones complementarias que tendrán una duración de dos meses.
Tras dos horas en la audiencia de imputación, la representación legal de la adolescente presentó datos de prueba suficientes para que el juez de control decidiera vincular a proceso al hoy imputado.
Al concluir el plazo de cierre de investigaciones -dos meses- el imputado tendrá la opción de aceptar su responsabilidad con un procedimiento abreviado, o de lo contrario llegar hasta un juicio oral.
Mientras tanto, la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nayarit, Nelly Fabiola Guardado Robles, aseguró que la adolescente ha sido atendida desde que las autoridades conocieron la denuncia.
“La Procuraduría como representante de la adolescente continuará garante de la no vulneración de sus derechos, aún después de concluido el procedimiento legal; además de que se atenderá el caso con perspectiva de género y seguridad jurídica”, aseguró la funcionaria.
Guardado Robles mencionó que no hubo necesidad de refugiar o sacar del estado a la menor, ya que se ha descartado que su integridad se encuentre amenazada, aunque siguen trabajando para prevenir cualquier otro acto de revictimización o violencia en su contra.
“Vamos a seguir trabajando para ayudarle restablecerse emocionalmente y se empodere para que tenga la capacidad de enfrentar este tipo de situaciones, y prevenir linchamiento social; sabemos que existe en los medios y en la sociedad el morbo por querer saber y conocer la identidad de las personas; he de mencionar que está estable con su mamá y no hubo necesidad de llegar al resguardo”, aseveró.
Según la procuradora las necesidades básicas del adolescente están cubiertas hasta el momento pero las autoridades seguirán trabajando para garantizar el acceso a la educación, vivienda, salud y demás derechos de la joven.
“Los padres tienen la obligación y derecho legítimo de velar y respetar los derechos de sus hijos; como Procuraduría coadyuvaremos en que la autoridad no vulnere los derechos de la adolescente, la no revictimización, que se le proporcione asistencia profesional (psicólogos) y sea atendida integralmente”, concluyó.
