Afilan el hacha contra Aguakan
La supuesta devolución de más de mil millones de pesos que los municipios y el Gobierno del Estado tendrían que hacer a favor de Aguakan si se revocara su concesión no será un freno para llevar esto a cabo, pues el proceso por el que se renovó su contrato fue ilegítimo.
Así lo argumentó Emiliano Ramos, coordinador de la fracción perredista en el Congreso local, quien dijo que la apuesta de estos diputados es que se eche a Aguakan del estado, pero sin pagarle un centavo de regreso.
En 2014, Aguakan solicitó al Gobierno del Estado que se renovara su contrato para proveer el servicio de agua potable, por 52 años, en Benito Juárez e Isla Mujeres, además que se privatizara este servicio en su beneficio en Solidaridad; a cambio, se le depositarían mil 53 millones de pesos. Ambas partes cumplieron lo prometido.
Por ello, ante los exhortos e intentos de revocar este contrato, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, advirtió en fechas recientes, que se tendría que devolver esta contraprestación, motivo por el que esta iniciativa debe surgir del Gobierno del Estado y los ayuntamientos involucrados, por afectar esto sus finanzas.
Ramos Hernández señaló que esto no será necesario, pues este contrato contiene vicios y posibles causales que permitan retirar la concesión a Aguakan, sin perjuicio para las arcas del estado; el procedimiento debe realizarse en el mediano plazo, para poder contar en el presupuesto con los recursos dados a CAPA para brindar el servicio para todo el estado.
Cabe destacar que la Legislatura avaló un punto de acuerdo en el que se exhorta a Solidaridad a analizar la revocación del contrato de Aguakan, ya que fue impuesto en un proceso viciado, sin licitación abierta o consideración de otras opciones.
La negociación además se realizó entre la empresa de capital francés y el gobierno estatal, con una aprobación al vapor el cabildo de Solidaridad, lo que significó que la autonomía del municipio fue atropellada, pese a que el servicio del agua potable es facultad municipal.
Además, el bando de buen gobierno de Solidaridad prohíbe expresamente que se privatice el servicio de agua potable, reglamento que fue violado por la administración pasada.
Los diputados ya analizan en comisiones este tema y se anticipa que el jueves tendrán un dictamen sobre los procedimientos legales que se realizarán para rescindir el contrato a favor de Aguakan.
A NIVEL MUNICIPAL
Cabe destacar que en Solidaridad, ya se formó, en el seno del Cabildo, una comisión especial, encargada de analizar el servicio del agua potable, entregado a Aguakan, además de otras concesiones.
Alejandra Cárdenas Nájera, primera regidora y quien preside esta comisión, indicó que el propósito es ver el camino legal para la posible revocación del contrato, en vista de las múltiples quejas por parte de la ciudadanía, por las tarifas exigidas y el deficiente servicio.
“Fue una propuesta de campaña y se dará en los hechos. La nuestra no fue una oferta ‘sacada de la manga’, sino hemos estado al tanto y revisado todos los documentos, incluida la sesión de cabildo en que se privatizó este servicio”, detalló.
A esta acción se suma el frente ciudadano, compuesto por asociaciones civiles que promueven amparos masivos en contra de Aguakan y que no descartan la perforación de pozos para abastecerse por su cuenta, sin usar a esta empresa privada.
Donde Aguakan ya está de salida es en Puerto Morelos; por ser municipio de nueva creación, no tiene contrato firmado y la presidenta, Laura Fernández Piña, anunció que se utilizaría a CAPA para el agua potable desde su rendición de protesta.
Su iniciativa ya recibió el aval del cabildo, que votó por firmar un convenio con la paraestatal para recibir este servicio.
Por Mayra Cervera > Quequi
