Acciones a fondo contra corrupción e impunidad
Por Heiby Morales > Quequi
El manejo honesto, eficiente y transparente de los recursos públicos permite combatir la corrupción y la impunidad que propiciaron gobiernos anteriores y que hicieron más profundas las desigualdades que tanto daño hacen a la gente, señaló el gobernador Carlos Joaquín.
“Los quintanarroenses queremos un estado más justo, con rumbo y orden, donde disminuya la desigualdad y permita a la gente vivir con más y mejores oportunidades para tener mejor calidad de vida. Por esta razón, hay firmeza para hacer cumplir la ley y combatir la impunidad”, precisó el mandatario estatal.
Para corregir el rumbo de Quintana Roo, Carlos Joaquín instruyó a la Secretaría de la Gestión Pública la formalización de acuerdos de coordinación con los municipios para establecer el Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y de colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Al día de hoy, los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, Cozumel, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto se han sumado a la formalización de estos acuerdos que permiten establecer acciones conjuntas para inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio y aplicación de los recursos federales y estatales otorgados a los municipios.
El secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, estuvo el martes en José María Morelos y ayer en Felipe Carrillo Puerto, para formalizar estos acuerdos de coordinación y colaboración que contemplan acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, de quejas y denuncias, participación social y la utilización de los servicios informáticos Sentre y Declaranet.
Indicó que el gobernador Carlos Joaquín dio instrucciones para seguir aportando elementos de prueba ante la PGR para resarcir el daño que gobiernos anteriores hicieron a la gente, al privilegiar a un grupo minoritario; indicó que las auditorías continúan y quienes estén involucrados en el mal manejo de los recursos públicos tendrán que pagar por los daños causados al patrimonio de los quintanarroenses.
