Cómplice Profepa de ecocidios
Tulum
Como cómplice de la impunidad de ecocidios en el Parque Nacional Tulum (PNT) y Zona Costera de Punta Piedra es considerada la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, Carolina García Cañón, ya que a pesar de la descomunal destrucción de dunas y mangles que han hecho desarrollos turísticos, en operativos anteriores solo han colocado sellos de clausura para apaciguar las denuncias y reacción de ambientalistas, permitiendo que obras ecocidas se concluyan y otras se sigan edificando, situación que está acabando con lo más vulnerable de Tulum, que son las barreras naturales ante los fenómenos hidrometeorológicos, denunció el ciudadano y ex consejero político de conocido partido, Gabriel Sifri Jiménez.
“La corrupción e impunidad de la delegada de la Profepa, se puede observar en pleno corazón del PNT, lugar donde es innegable ocurrieron despojos, ventas fraudulentas, daños ecológicos”, sostuvo Sifri Jiménez.
Uno de los descomunales ecocidios que permitió la Profepa, y las mismas autoridades municipales, es el que se ejecutó sobre un predio que fue “ventana al mar”, perpetrado por el exvicepresidente de los hoteleros de Tulum, José Álvaro Castro Martínez, quien destruyó una zona rocosa junto al mar, dunas y manglares, mismo que fue clausurado, pero hoy su hotel está ya concluido, y está operando, denunció el abogado y ecologista, Bonifacio Loría Pacheco.
“José Álvaro Castro Martínez, Se apoderó de un espacio público, pues en su oportunidad, el entonces director de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Tulum, Joaquín Canul Amaya, reveló que en los planos de la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado, señalan que dicho predio ubicado en la zona turística de Piedra Escondida, es una ‘ventana al mar’, lugar donde no sólo levantó y trituró una extensa zona rocosa junto al mar con maquinaria pesada, sino que igual arrasó con dunas costeras, donde hoy tiene listo y operando su mole de concreto de tres niveles”, acusó Sifri Jiménez.
El 1 de febrero de 2007, el gobierno federal en turno emitió un decreto para añadir un nuevo artículo (el 60 TER) a la Ley General de Vida Silvestre, la cual dice que con esta nueva norma ‘queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte el flujo hidrológico del manglar’; en este oren quedó establecido que cualquier obra que se desee realizar debe respetar este ecosistema, sin embargo el pago de fuertes multas tras la clausura de estos construcciones de parte de la Profepa, “pulveriza”, toda ley, denunció Bonifacio Loría Pacheco.
Los daños ecológicos son descomunales e irreversibles en el PNT y Zona Costera de Punta Piedra, y esto es debido a que durante años, las autoridades en materia ambiental como la Profepa y la Semarnat, han permanecido impávidas ante tal anarquía, lejos de hacer valer las leyes se las pasan por el “arco del triunfo”, lo permiten y lo avalan haciéndose cómplices a cambio de jugosas mochadas, aseguró el presidente de la Asociación de Profesionistas de Tulum, Javier Flores y Flores.( Por Redacción > Quequi )
