20 MILLONES POR LEVANTAR EL DEDO
Con el aval de toda la bancada quintanarroense, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos con gasolinazo incluido, pero además con un presupuesto modificado a la alza para añadir una bolsa de 51 mil millones de pesos no contemplados, de los que se repartirán 20 millones de pesos a cada legislador, para poder inaugurar obras en sus distritos, con vías a su reelección.
Se trata del polémico Ramo 23, la llamada “caja negra” del presupuesto, debido a su opacidad y manejo discrecional de sus recursos. También se le apoda el “fondo de los moches”, por estar ligado a diversos escándalos por la exigencia de “diezmos” por parte de los diputados a cambio de la repartición de recursos a contratistas amigos, con precios inflados.
El incremento de los recursos para el Ramo 23 es la moneda de cambio para que el Congreso apruebe los paquetes fiscales sin modificaciones mayores, de acuerdo a legisladores de Morena, que votaron en contra.
En general, la ley pasó con 411 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones. En lo particular, fue 248 a favor y 193 en contra. En la primera votación, la avalaron los siete diputados quintanarroenses, Mario Machuca, José Luis Toledo Medina, Arlet Mólgora y Sara Latife Ruiz Chávez, del PRI; Ivanova Pool, del PRD; Patricia Sánchez, del PAN, y Carlos Gutiérrez, de Nueva Alianza, quienes ahora contarán con 20 millones de pesos para justificar en obras.
Es una estrategia repetida cada año. Aunque anteriormente se “consentía” a los diputados federales con la inclusión de millonarias partidas en el Ramo 23 a cambio de su voto favorable para el Paquete Fiscal (técnica apodada el “método Atlacomulco”), en los últimos ejercicios, se ha reducido progresivamente el dinero asignado a este rubro. Por ello, ahora son los diputados los que modifican el presupuesto para no quedar sin este beneficio, mina de protagonismo electoral y corrupción.
En el presupuesto de este año que está por acabar, recortaron programas de educación y medio ambiente para autorizarse un Ramo 23 de 38 mil millones de pesos, hecho que propició un amparo por parte del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), que todavía se dirime en tribunales.
Para la Ley de Ingresos 2017, en lugar de restarle a otros rubros, hicieron “magia” financiera, al ajustar varios indicadores y asegurar de esta forma 51 mil millones 380 millones de pesos. Por una parte, el tipo de cambio sufre una depreciación al pasar de 18.20 a 18.62 pesos por dólar, mientras la producción petrolera contempla un aumento de 19 mil barriles diarios, medidas que en conjunto representarían 17 mil 360 millones de pesos. De manera adicional, se acordó un incremento en la «eficiencia recaudatoria» del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que aportaría los 34 mil 10 millones de pesos restantes.
Al momento de votación, Morena, el único partido que votó en contra de esta ley, advirtió que se estaban maquillando cifras fuera de la realidad para justificar estos recursos adicionales, con el riesgo de mayor endeudamiento y recortes el día de mañana, cuando no se cumplan estas expectativas.
“Nos parece muy irresponsable que, con un lápiz nada más, muevan la plataforma petrolera en 19 mil barriles diarios, sin una justificación técnica, ¿dónde encontraron más yacimientos?, ¿qué técnicas se utilizaron?”, señaló la diputada Nahle García.
“Estos recursos seguramente se dirigirán al Ramo 23, que es conocido como el ‘fondo de los moches’, porque son los recursos que etiquetan los diputados para destinar al desarrollo de obras en estados y municipios, aunque no son vigiladas por ninguna autoridad”, detalló.
Por ello, no es sorpresa que la Ley de Ingresos fuera aprobada ayer a eso de las dos de la madrugada, con el voto mayoritario de los legisladores, que desecharon más de 100 reservas presentadas en contra, incluida una para no liberar los precios de las gasolinas, pues se estima que esto llevará a un incremento de 10% en su costo para el consumidor.
SE NIEGAN A CEDER
Este año, de los 38 mil millones de pesos del Ramo 23, casi 10 mil millones de pesos habrían sido utilizados a conveniencia de los diputados federales, quienes inventaron un fondo sobre infraestructura estatal y municipal, con el que podían hacer negocios y obtener ganancias con constructoras, presidentes municipales y gobernadores.
Estos fondos poco transparentes protagonizaron una serie de escándalos, pues se dieron a conocer denuncias donde los diputados federales condicionaban estos recursos a cambio de un “diezmo”.
En el presupuesto de 2017, el Poder Ejecutivo redujo este rubro a 93 mil 606 millones, para fondos regionales, metropolitanos y otras previsiones económicas, como el subsidio a las tarifas eléctricas, sin lugar para “moches”.
De inmediato, la bancada priista expresó su malestar y adelantaron que rescatarían esta bolsa, llamada Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
«Es muy poco lo que los diputados podemos apoyar con gestiones a nuestros distritos, pero el grupo parlamentario del PRI luchará por que se reconstituya este fondo», declaró entonces Jorge Estefan, secretario de la Comisión de Presupuesto. ¿Diez mil millones?, se le preguntó. «No podemos pedir más, fueron 10 mil (millones, este año) y no (serán) más de 10 mil millones», respondió.
En opinión del senador Ernesto Cordero, se intenta revivir el fondo de los «moches», que en años anteriores ha servido para que los legisladores repartan recursos millonarios de manera discrecional.
«El PRI pretende revivir los moches y es una vergüenza que pretenda seguir dilapidando el dinero como lo han venido haciendo”, reviró.
En Quintana Roo, la cosecha de este fondo ha sido más bien magra. Lizbeth Gamboa Song la utilizó para regalar tricitaxis en zonas rurales; Alicia Ricalde Magaña la usó para inaugurar obras ¡en Yucatán!, mientras que los otros poco o nada han justificado de lo que hicieron con sus 20 millones de pesos.
Pero para los 7 quintanarroenses que actualmente están en San Lázaro ahora tienen un fondo seguro que servirá de mucho a la hora de posicionarse rumbo a su reelección en el cargo. (Con información de agencias).
Por Mario Morales > Quequi
Vislumbran afectaciones por aumento a Ley de Ingresos
Al aumentar la Cámara de Diputados el monto total de la Ley de Ingresos, se da la libertad de asignar unos recursos que están en el aire, pues su existencia depende de la concurrencia de factores que se encuentran fuera del control de los legisladores y la autoridad hacendaria.
Se incrementó la predicción de la producción petrolera, pese a que ésta ha ido a la baja. De no cumplirse la expectativa, o se dejará a Pemex sin recursos, o sobrevendrá una serie de recortes en sectores claves como educación, salud o ciencia y tecnología.
Otros indicadores, como el crecimiento económico, entre un 2 ó 3%, o la recaudación adicional de 31 mil millones de pesos, también podrían quedar cortos de la meta, lo que generará un déficit que serán cubiertos con mayores endeudamientos, en un momento crítico en que la deuda ha llegado al 50% del PIB.
El alza en la estimación de la tasa del dólar, de 18.20 a 18.62, causará un mayor precio por el servicio de la deuda, de acuerdo a especialistas. Mientras que, de no cumplirse esta estimación, se abre la posibilidad de un recorte al presupuesto en el primer trimestre del próximo año.
“Si elevas el tipo de cambio, te da beneficios en términos de ingresos por la exportación petrolera, pero también se incrementa en general el costo financiero de la deuda; de manera automática tienes que pagar más en pesos por dólares”, explicó Alejandro González, director de Gestión Social (Gesoc), ONG especializada en análisis de políticas públicas.
En tanto, Alejandro Cervantes, subdirector de Economía Nacional de Grupo Financiero Banorte, reconoció que en ocasiones se estima por arriba al dólar y coincidió en que de no cumplirse la expectativa, el efecto natural sería un recorte al presupuesto el siguiente año.
Para Vidal Llerenas, diputado de Morena, el nivel del tipo de cambio ocasionaría una depreciación del peso, “pues apreciar el dólar más caro para el futuro invita a las personas a comprar esta moneda”.
El especialista de Gesoc pronosticó que en marzo del próximo año se anuncie el primer recorte preventivo al gasto del año del orden de 50 mil millones a 100 mil millones de pesos.
Por Agencias > Quequi
Mal manejo de los ramos presupuestales
Por años, asociaciones civiles han denunciado la opacidad con la que se manejan los ramos generales presupuestales, principalmente el Ramo 23, usado no sólo para “protagonismo electoral” por parte de los diputados federales, sino para la asignación discrecional de obras a cambio de “moches”.
De acuerdo a Ciudadanos contra la Corrupción, los ramos generales no se acompañan de medidas apropiadas de rendición de cuentas. Estos Ramos son conceptos de gasto que no están representados por una institución y su responsabilidad hacendaria no es clara. En algunos Ramos (como por ejemplo el 28 o el 33) dicha responsabilidad está un poco más definida, aunque aún de forma insuficiente con fórmulas de distribución que no siempre se respetan; pero para otros ramos como en el caso del Ramo 23 la situación es aún peor, ya que no hay definición alguna en materia de responsabilidad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado una serie de hallazgos en el manejo de estos recursos que hacen evidente su deficiente manejo, pues no existen mecanismos de asignación; al llegar a los municipios, se mezclan con otros recursos y se vuelven difíciles de separar y comprobar.
Una vez ministrados los recursos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, para la Federación dichos recursos se consideran devengados, ejercidos y pagados. Pero en el mundo real, lo anterior no significa que los recursos hayan sido ejercidos efectivamente por los gobiernos locales, ya que existen subejercicios significativos y recurrentes en algunos fondos y programas.
Aunado a ello, se desconoce cuáles son los objetivos o metas y los criterios operativos de efectividad bajo los cuales debe operar este Ramo. Se trata de un área presupuestal que es tierra de nadie y de todos a la vez, lo que diluye la responsabilidad de su manejo, abriendo una puerta amplia a la discrecionalidad y corrupción en la asignación de fondos.
La carencia de personalidad del Ramo General 23 “previsiones salariales y económicas” ocasiona que la gestión de sus fondos no necesariamente se oriente a resolver problemas reales. Cuando se aprueban ni siquiera hay garantía de que se estén financiando proyectos viables con dichos fondos, es el tipo de aprobación en donde primero se aprueba el dinero y luego se justifica su uso.
Por Agencias > Quequi
