Confirman inhabilitación de magistrado de la SCJN
Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la inhabilitación de seis meses en contra del magistrado federal Jorge Figueroa Sánchez, quien fue suspendido en su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 2015 al detectar “operaciones bancarias inusuales” por más de cinco millones 517 mil pesos, así como movimientos presuntamente ilícitos por 50 mil dólares.
Con el voto en contra de la ministra Margarita Luna Ramos, la sala rechazó el recurso de revisión del magistrado, quien fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el propio CJF a finales de 2014.
Figueroa Sánchez, quien al momento de ser suspendido fungía como magistrado del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, con sede en Guadalajara, es uno de los 13 juzgadores federales (siete jueces y seis magistrados) que fueron denunciados durante la administración de Juan N. Silva Meza como presidente de la SCJN (2010-2014) ante la PGR por la presunta comisión de delitos, tales como uso de recursos de procedencia ilícita, concesión de permisos y suspensiones irregulares a casinos, permisos ilícitos para el ingreso al país de autos chocolate, hostigamiento sexual y notoria ineptitud en el desempeño de sus labores.
En este contexto, el magistrado fue favorecido en el marco del proceso disciplinario en su contra. Inicialmente el CJF lo privó de la totalidad de sus percepciones hasta en tanto concluyera la indagatoria; sin embargo, el funcionario interpuso un recurso ante la SCJN y antes de que ésta resolviera, el Consejo decidió pagarle una tercera parte de sus ingresos, además de mantener vigente su acceso a los servicios de salud del ISSSTE y su seguro médico de gastos mayores.
Según la denuncia que presentó el CJF ante la PGR, a Figueroa Cacho se le relacionó con operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales, con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas.
En su momento, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación indicó que dicho magistrado era probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de los años 2007 a 2010.
Respecto de la demanda ante la PGR, funcionarios judiciales consultados afirmaron que ésta sigue en trámite.
(La Jornada)
