Exigen su destitución como notario
Después de exhibirse en las páginas del periódico Quequi el fraude del notario público 74 contra Hacienda y la orden de formal prisión que le dictó un juez a Jorge Alberto Galván García, notarios de Cancún exigen que deje de ejercer hasta que la justicia aclare su caso; por su parte, el secretario de Gobierno guarda hermetismo y la Dirección de Notarías dice no poder actuar.
Al ponerse al descubierto las triquiñuelas del notario Jorge Alberto Galván García, colegas (quienes prefieren el anonimato por temor a represalias), piden a las autoridades judiciales actuar y retirarle la concesión al fedatario, ya que pone en entredicho la honorabilidad de los agentes.
Todo se desprende de acuerdo a la investigación emprendida por la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la que detectó la evasión de impuestos.
De tal forma, Hacienda le requirió que la Procuraduría General de la República (PGR), proceda en contra de Jorge Alberto García Galván por defraudación fiscal equiparable, delito que se paga con hasta dos años de prisión, según la querella 527-V-DGDF-1879/2013.
Y fue el 14 de julio del año pasado, cuando la Procuraduría General de la República realizó una consignación sin detenido, en la que se constata la probable comisión de un delito fiscal y se determinó ejercer acción penal y solicitar orden de aprehensión contra Jorge Alberto Galván García, titular de la Notaría 74, pero fue hasta el 29 de febrero de 2016, que se dictó auto de formal prisión, además de girarse orden de aprehensión.
GUARDAN SILENCIO
Por su parte, incumpliendo con su responsabilidad de ser el encargado de la política interna del Estado, el secretario general de Gobierno, Román Quian Alcocer, evadió emitir la postura del Ejecutivo estatal, en torno al caso del notario público número 74 con sede en Cancún, Jorge Alberto Galván García, sobre quien pesa una orden de aprehensión por evadir el fisco y actualmente es buscado por la Procuraduría General de la República.
En su momento, el abogado chetumaleño, Raúl Ojeda González, dio a conocer que las autorizaciones de notarías públicas emitidas por el Gobierno del Estado, al igual que una concesión o patente, pueden ser revocadas si no cumplen con los requerimientos establecidos para su legal operación, como es el caso de Jorge Alberto Galván.
Reiteró que corresponde al Ejecutivo estatal, realizar la indagación sobre el tema en materia de la revocación de aquellas que, como lo establece el artículo 108 del Código Fiscal, en lo referente a la revocación o cancelación de la patente de notario, presentan deficiencias o vicios en el ejercicio de sus funciones, como es el caso de la notaria número 74.
Hay que señalar que el presidente del Consejo de Licenciados en Derecho Juristas y Litigantes, Iván Ayuso Osorio, denunció que la entrega de notarías a personajes de dudosa reputación, deja entrever que sólo es para esconder otros negocios ilegales, pero que gracias a su facultad como agente de la “fe pública”, estarían legalizándolos al crear falsas compañías para evadir impuestos.
Galván García, ha logrado amasar una fortuna en pocos años gracias a la concesión para legitimar sus empresas, entre ellas “Empowermen”, la que opera como administración de nóminas de empresas (“outsourcing”), servicios en los que incluye litigación laboral y hacendaria, contraviniendo el artículo 20 de la Ley de Notariado de Quintana Roo.
Por Juan Palma/ Mayra Cervera> Quequi
