Defraudador fiscal ‘enloda’ a empresas
Jorge Alberto Galván García, notario público 74 de Cancún, ocupa este cargo ilegalmente, ya que pesa en su contra tanto una orden de aprehensión como un auto de formal prisión solicitado por la Procuraduría General de la República (PGR) por defraudación fiscal equiparable, por más de un millón de pesos, delito doloso por el que el Gobierno del Estado está obligado a suspenderlo, como paso previo a la revocación de su licencia.
El caso de este agente de la “fe pública”, que ha usado ilegítimamente su notaría para amasar una cuantiosa fortuna, es una triste consecuencia de la entrega indiscriminada de notarías en Quintana Roo, no de acuerdo a su capacidad y probidad, sino de forma opaca, como “pago de favores” a la actual administración, a menudo para fines oscuros que merman la certeza legal de las operaciones fedatarias, según lo denunció Iván Ayuso Osorio, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho Juristas y Litigantes.
Al igual que las decenas de personajes públicos y privados que han recibido su “premio” sexenal en las últimas fechas, Jorge Alberto Galván García se hizo de la Notaría 74 al inicio de la actual administración, pese a que, desde 2006, se dedica a la administración de nóminas de empresas (“outsourcing”), servicios en los que incluye litigación laboral y hacendaria, lo que contraviene el artículo 20 de la Ley de Notariado de Quintana Roo.
García Galván jamás corrigió esta ilegal situación; al contrario, utilizó a su nueva notaría, ubicada originalmente en la avenida
Alcanceh, en la Supermanzana 15, como una “fábrica de transas”, al constituir desde allí empresas de papel para manejar las nóminas de sus decenas de clientes. Estas empresas las declararía en quiebra puntualmente cada año, para evitar así la declaración de impuestos.
Sus clientes, que incluyen importantes compañías como Europcar, Bovinos, Blue Caribbean, el condominio Kin Ha o la Plaza Nichupté, probablemente ignoran este ilegal esquema realizado con sus nóminas, ya que ellos contratan con la empresa “Empowermen”, propiedad de García Galván, aunque esto no las exenta de responsabilidad ante las autoridades fiscales, de acuerdo a la ley actual.
A través de este “modus operandi”, el dueño de “Empowermen” rápidamente acumuló fortuna, como lo demuestra la vida de lujos que lleva, con yate personal, jet privado, autos deportivos y viajes al extranjero. También el cambio de sede de su notaría, de una casa a un imponente edificio en la avenida Uxmal, en el que la notaría es apenas un “anexo” de este imperio de “outsorcing”, en el que se es fe pública y parte litigante de forma simultánea, en flagrante violación de la ley.
De quién no pudo ocultar este oscuro devenir, es de la Secretaría de Hacienda, que en 2013 detectó que la declaración del Impuesto Sobre la Renta realizada por Jorge Alberto García Galván era fraudulenta, pues en ella consignaba ingresos muy por debajo a los reales.
Es de destacar que en esta declaración, Galván García señala como principal fuente de ingresos el dar “otros servicios de apoyo a los negocios”, en lugar de su cargo como notario público.
De acuerdo a la investigación emprendida por la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, declaró Jorge Galván García ingresos de 854 mil 333 pesos, cuando en realidad obtuvo 4 millones 213 mil 850 pesos.
Ello, porque Galván García se limitó a declarar los ingresos registrados en sus dos cuentas bancarias, en Banamex y Santander, por 407 mil y 329 mil pesos, respectivamente.
A través de esta declaración al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el notario 74 pagó 43 mil 173 pesos por concepto de ISR, una vez deducido el impuesto pagado por terceros. Sin embargo, Hacienda detectó de forma independiente que el notario 74 contaba con una tarjeta de American Express, con operaciones por 2 millones 622 mil pesos. Este ingreso oculto eleva considerablemente su base gravable, por lo que la evasión, dolosa y fraudulenta, fue por un millón 51 mil 28 pesos en ISR.
Derivado de estos hechos, Hacienda le solicitó a la Procuraduría General de la República, que se procese a Jorge Alberto García Galván por defraudación fiscal equiparable, delito que se paga con hasta dos años de prisión.
La querella fue ratificada por la PGR, como consta en el 527-V-DGDF-1879/2013. Por ello, se ordenaron peritajes, que confirmaron la evasión perpetrada El notario intentó defenderse, lo que fue desestimado por la autoridad.
Todo culminó el 14 de julio del año pasado, cuando la Procuraduría General de la República realizó una consignación sin detenido, en la que se constata la probable comisión de un delito fiscal y se determina ejercer acción penal y solicitar orden de aprehensión.
De esta determinación también fue notificado el notario público 74, contra quien finalmente, el 29 de febrero de 2016, se dictó auto de formal prisión, además de girarse orden de aprehensión.
Muy importante en la consignación realizada por la PGR es que, para demostrar que se tipificó correctamente la acción, se repasan los hechos, en que se señala no sólo que se declaró un ingreso inferior al real, con el fin de evadir impuestos, sino que “está demostrado que el inculpado llevó a cabo el hecho típico que nos ocupa de forma dolosa; pues Jorge Alberto Galván García tenía pleno conocimiento que al presentar la declaración anual […] estaba obligada a declarar en forma correcta y veraz los ingresos acumulables que generó”.
El dolo con el que actuó Galván García en la probable comisión del delito que se le imputa es crucial, porque la Ley de Notariado de Quintana Roo, señala en su artículo 100 que “Son causas de suspensión del ejercicio de las funciones de un notario: La sujeción a proceso por delitos dolosos, mientras no se pronuncie sentencia definitiva absolutoria”. Como todavía no hay sentencia, este notario no debiera estar en funciones y es obligación de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado tomar cartas en el asunto.
Galván García permanece en libertad a través de amparos, pero su captura por parte de la PGR es inminente y como las pruebas en su contra son irrefutables, queda poca duda sobre cuál será la sentencia del juez, por lo que procederá la revocación y cancelación de su patente, tal como lo exige el artículo 103 de la misma ley.
Incluso esto es innecesario, ya que la fracción quinta del artículo también señala como motivo de revocación de patente: Falta de probidad o notorias deficiencias o vicios debidamente comprobados en el ejercicio de sus funciones.
Como este periódico ya dio cuenta ayer, la sistemática creación y desaparición de empresas de membrete para la evasión de impuestos, como Galván García realiza a través de su notaría y el “outsourcing” “Empowermen” dista mucho de probidad. Como tampoco el que litigue asuntos laborales y fiscales, en violación al artículo 20 de la Ley de Notariado.
En el colmo de la desfachatez, el notario 74, “fe pública”, con auto de formal prisión y orden de aprehensión por defraudación fiscal, todavía continúa ofreciendo sus servicios, para gestionar el pago de impuestos de sus clientes ante Hacienda, a través de “Empowermen”, empresa de la que es dueño.
El notario 74 está a punto de ser capturado y encarcelado por estos hechos; el riesgo ahora queda para sus clientes, e incluso para los cientos de trabajadores cuyas prestaciones son impuestas por esta pagadora, ya que la ley señala que también serían responsables, en caso de detectarse cualquier evasión fiscal.
Por Mario Morales Cruces › Quequi
