Se dicen dueños, pero no acreditan legal posesión.
PLAYA DEL CARMEN
A pesar de que Marciano Toledo Sánchez presentó los papeles que acreditan la legal posesión del predio denominado “Balam Tun”, mismo del que trata de despojarlo la empresa Agregados y Bloques del Carmen (ABC); el apoderado legal de la misma, Carlos Góngora González, asegura contar con éstos.
Sin embargo, en entrevista con los medios, nunca los presentó, ni dio fecha para hacerlo a fin de demostrar la legítima posesión de los predios que, posteriormente, dijo que están arrendando.
Tras el ingreso de un centenar de trabajadores, el pasado 20 de agosto, para abrir un camino de 25 metros de ancho y más de un kilómetro de largo, lo que generó una denuncia por el delito de despojo, ahora sale el apoderado legal en la defensa de Eduardo Solís Preciat, presidente ejecutivo de la misma.
Hay que recordar que a este le han señalado de contratar a efectivos del Ejército Mexicano para apropiarse de manera ilegal de propiedades con un valor millonario.
Ahora, a raíz de los actos llevados a cabo el pasado sábado, donde con machetes y palos, un grupo de personas intentó apropiarse del predio Balam Tun, y que logró en la madrugada del martes, aparece el apoderado legal para dar su versión.
Al respecto, negó que haya un despojo, alegando que lo ocupaban desde el año 2000.
Pero sin acreditar con papeles lo dicho, como hiciera la contraparte, expuso, que el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Colegiado “dan por buena la posesión que tenemos”.
En este caso, tampoco mostró el resolutivo.
Incluso, aseguró que Marciano Toledo lo compró a pagar a 36 años, aunque según sus palabras, sabía de las averiguaciones previas.
Hay que destacar que al momento de la denuncia, el afectado presentó todos los papeles en regla.
Asimismo, sobre el daño ambiental provocado con la apertura del camino, Góngora González afirmó contar con los “permisos ambientales que otorga el Gobierno del Estado, y el Ayuntamiento y en su caso los de Semarnat”, pero una vez más, no mostró un solo documento.
“Los permisos federales se tienen del 2012 y los estatales en 2013. Existe la MIA y anualmente entregamos informes de las condicionantes. La superficie total que tenemos son cerca de 200 hectáreas”, agregó.
Sin embargo, en espera de que las autoridades hagan lo conducente, los trabajos continúan en perjuicio no sólo del ambiente sino de un particular que al final que demostró plenamente la propiedad.
(Por Fernando Morcillo)
