LA DIOSA IXCHEL. El Castillo
CAMBIOS SOBRE CAMBIOS: COMPLETA INCREDULIDAD
A medio mes, el miércoles 17 de agosto, en este su diario preferido, el Quequi, se hizo un desglose muy exacto de los delitos referentes a la administración pública y las penalidades a las cuales estarán sujetos quienes cometan errores o ilícitos. Pudo observarse la diferencia en tiempos y multas, una vez llevadas a cabo las reuniones con la actual Legislatura, en las cuales los cambios fueron aprobados. Hay quienes califican esta acción como “sobrevivencia de la corrupción” y advierten que no formaron parte del texto de impugnación presentado por la PGR. El solo nombre es más que claro: Reformas al Código Penal de Quintana Roo y, si mal no se recuerda, existe una autonomía estatal, una en la cual se permite la emisión de leyes acordes a la ciudadanía del lugar, siempre y cuando no se transgreda el espíritu federal.
Las modificaciones se hicieron a: Delitos culposos; Infidelidad de la custodia de documentos; Administración indebida; Distracción de recursos públicos; Desobediencia; Tráfico de influencias; Peculado. De los mencionados, pertenecientes a varios artículos, la fijación de la oposición se situó en los del 209 y 212, es decir, en Distracción de recursos públicos, Desobediencia y tráfico de influencias y Delitos contra la administración pública. Salvo en el de Desobediencia, el resto tiene una aplicación de seis meses a seis años de prisión y multas de 30 y 50 días, hasta 250 ó 300 periodos iguales de salario. El excluido sólo contempla de seis meses a un año de prisión o labor comunitaria de 3 a seis meses. Este último no se refiere a las discrepancias con los altos jefes, sino a rehusarse a prestar un servicio de interés público al que la ley lo obligue.
El rechazo a la aprobación de estos cambios vino del priista Víctor Mas Tah, de los panistas Sergio Bolio Rosado, María Azcorra Lugo y Trinidad García Arguelles. Luis Miguel Ramírez Razo, también perredista, votó en contra. El exmilitante del Sol Azteca, Jorge Aguilar Osorio, aprobó la medida en su carácter de independiente. O sea, fueron 20 votos en favor de las modificaciones a los artículos mencionados. Esa será la ley que rija junto con el nombramiento del fiscal, el del auditor superior del estado y también se aprobó la utilización de escoltas hasta por 15 años para los próximos exgobernadores y su familia.
Dicen: los futuros legisladores tienen la oportunidad de darle otro giro a estas determinaciones y así es. Pueden hacerlo, sólo falta que quieran, porque como las leyes no son retroactivas y las aprobadas por ellos, si es que se deciden, no tendrán ninguna aplicación para quienes tuvieron fallas en esta administración o tal vez en la anterior. Por lo tanto, la soga se la impondrán al cuello, serán aplicables esos cambios para cuando terminen sus respectivas gestiones y si se apuran, incluirán a sus alcaldes de dos años. Si lo hacen, dejarán una clara muestra de sus pretensiones de honestidad y de buscar castigo a quienes abusen de sus cargos públicos y se enriquezcan. De no hacerlo, darán otro empujón, uno más, a la incredulidad con la cual se rodea su posición de legisladores de cambio.
Tal vez el argumento para ya no mover las aguas provendrá de la decisión que sobre la controversia presentada fuera de tiempo por el gobernador electo, tome la Suprema Corte. De no encontrar renglones referentes a inconstitucionalidad en su redacción y probable aplicación, será rechazada y a partir de ahí se derrumbarán esas fieras intenciones de hacer cambios para tomar venganza, que no justicia. O ¿quién explica la liberación del extesorero de Solidaridad?
