Basta ya de impunidad: Cynthia

“Nunca más permitiremos que se realicen procesos legislativos en lo oscurito”, sentenció Cynthia Dehesa, presidenta de la asociación Ciudadanos por la Transparencia, quien señaló que la lucha legal en contra del “paquete de impunidad” aprobado por el congreso local tiene tres frentes, incluido uno contra el incremento en el presupuesto de este poder en un 65%, sin justificante alguno.

“El proceso seguido por el congreso no fue el debido, pues no hubo información a tiempo, los propios legisladores recibían las iniciativas media hora antes de sesionar y eran órdenes del día maratónicas, en las que le habrán dedicado un promedio de 8 a 10 minuto por iniciativa”, explicó Dehesa, quien también es el enlace de transparencia del Equipo de Transición de Carlos Joaquín.

Paradójicamente el consejo consultor del Instituto de Transparencia se hizo en absoluta opacidad. Nosotros que trabajamos en este rubro y que estábamos atentos a la convocatoria no pudimos participar, imagina el ciudadano común. Los candidatos que llegaron no supimos cómo se enteraron”. Pero además de la forma, se impugna el fondo, porque el Congreso se estableció a nivel constitucional un presupuesto fijo, del 3% del total, lo que equivale a 700 millones de pesos, o 60% más que el actual.

“Este aumento se hizo sin estudio alguno que justificara este incremento. Las funciones del congreso son las mismas, no hay motivo por el que se debieran dar más recursos al burocratismo, en lugar de otros rubros”, explicó.

Las reducciones de penas por delitos como el peculado, desvío de recursos y hasta la destrucción de archivos tampoco están fundamentadas, pues están fuera de orden. “Primero debía aterrizarse el sistema anticorrupción, y con base en ello se fijan las penas por delitos. Así como las dejaron, no hay disuasión alguna hacia la corrupción. Hablamos de cantidades tan grandes, que dos años de cárcel hasta lo toman como vacaciones”.

Por último, también se combate la modificación a la Ley de Seguridad Pública, que dota a ex gobernadores de 15 años de escoltas, ya que equivale a una prerrogativa para un individuo, lo que es anticonstitucional.

Por Mario Morales > Quequi