LA DIOSA IXCHEL. El Castillo
“CHAPUZA” TERRENAL
La legalidad sobre la tenencia de la tierra, sobre las propiedades, va tomando caminos nada apropiados, mucho menos en un desarrollo turístico como el de Quintana Roo, en donde, al igual que en otras zonas de playa, se pretendía cancelar fideicomisos con prestanombres mexicanos para dar transparencia a las propiedades. Hace tiempo debieron tomarse cartas en estos asuntos para evitar que llegasen hasta el punto actual, en el cual lo de menos son los escándalos mediáticos, las alertas a través de las redes sociales y las “investigaciones”, en donde se revela que ni siquiera las propiedades de alto costo están a salvo. En el ex Distrito Federal, hoy Ciudad de México, estas prácticas también han cobrado auge e igual sucede en muchas otras partes del territorio nacional. En la capital del país, lo más socorrido durante años ha sido la localización de terrenos y casas abandonadas, inmuebles que se multiplicaron a raíz del terremoto de 1985.
A estas propiedades les colocan un letrero de “Se vende” con algunos números telefónicos. Dejan transcurrir un año y si no hay reclamos, es decir, si no llaman señalando que son los propietarios y quieren saber quién está ofertando la casa, el terreno o el departamento, recurren a la realización de una compra-venta “fantasma”, se hacen de escrituras, de documentación con la suficiente validez para despojar a los dueños de los lugares. En estas tierras se recurrió, según se ha denunciado, a otra estrategia, a una de carácter laboral en la cual se promueven y ejecutan juicios de supuestos trabajadores cuya indemnización es tan alta que conlleva el embargo de los bienes. El “patrón” demandado no sabía ni del juicio y mucho menos afirma conocer a los trabajadores supuestamente despedidos. El despojo ha llegado a grados impresionantes.
Pero también están otras operaciones de compra-venta sin conocimiento de los fraccionadores, quienes ven invadidas las propiedades y al momento de solicitar identificaciones, les son mostradas escrituras que hacen válida la tenencia del lugar. Tendrá que recordarse, a fin de dar crédito a lo que está sucediendo, la situación que prevaleció en el hotel Gran Caribe Real, del cual era propietario original Álvaro Cervera Zea y que le fue arrebatado “legalmente” por el difunto (¿?) Fernando García Zalvidea. En ese caso se vieron sustraídas hojas del libro del Registro Público de la Propiedad y lo que pudo comprobarse llevó al hotelero a tener que firmar cada semana en la Ciudad de México el libro de sentencia en cumplimiento a lo ordenado por el juez que siguió esa causa.
Ninguno de los municipios de Quintana Roo requiere de mala fama, mucho menos de incertidumbre en las inversiones. Es importante, por lo tanto, dejar muy claro el asunto surgido en Tulum y lo correspondiente a los departamentos en Puerto Cancún, de entrada. Una revisión a lo hecho en el pasado en el registro de propiedades no estaría nada mal, sobre todo porque quienes han ocupado la titularidad de esa dependencia han seguido un camino ascendente en la política, incluyendo presidencias municipales. La transparencia y las cuentas claras no son referente exclusivo del manejo económico, tienen que ver con todas las actividades gubernamentales, ¿o no?
