LA DIOSA IXCHEL. El Castillo
SABIA VIRTUD DE CONOCER EL TIEMPO
Entre las peras y las manzanas se la viven los tres gobernadores mejor ubicados en la oposición por haber cometido cualquier cantidad de desmanes. Según trascendió y sirvió para darle entrada al escándalo -por lo pronto, y en lo que se resuelven todos los renglones que tienen que ver con la aplicación de leyes y justicia-, la PGR, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, envía a la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad en las decisiones tomadas por los gobiernos y congresos de Veracruz y Quintana Roo, y en el último momento metieron también al de Chihuahua, al otro Duarte. Aclaran, una vez alebrestado el avispero, envían el documento para su revisión, con la finalidad de no dar cabida a la existencia de legislaciones locales “a modo” y así garantizar que se cumplan los propósitos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que apenas será promulgado por el Ejecutivo Federal. Dice también, deben revisarse los nombramientos de fiscales.
Bien podría en este renglón solicitar ¡que alguien explique todo el margallate! Porque si sólo es revisión, la Corte emitirá una recomendación y no un fallo que pase por encima de las decisiones de los congresos ¿o sí, por tratarse de los mencionados? Porque se dice o se ha dicho, o dicen, se establece: ninguna ley es retroactiva. Si no se ha promulgado lo referente al nuevo SNA, ¿cómo juzgarán las decisiones ya adoptadas? Si quedó establecido en lo relacionado al Nuevo Sistema de Justicia Penal, la aceptación por mayoría de los congresos para la aprobación del nombramiento del fiscal y ésta se llevó a cabo cumpliendo lo marcado por la ley en cuanto a los asistentes a las sesiones legislativas y el visto bueno, ¿nada es válido? Por si lo anterior fuera poco y la interpretación errónea –sin ninguna búsqueda de protección, sino con el ánimo de señalar la negativa a buscar justicia basados en la ilegalidad o la ilegitimidad, tan cuestionadas en los últimos tiempos-, la corte maneja sus tiempos y sus ministros, y ambos los dictámenes.
Ahora bien, en el caso específico de Quintana Roo, en el justo momento Roberto Borge aclaró el envío de sus iniciativas al Congreso, las cuales no incluyeron en forma alguna la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción, por lo tanto no entra en el paquete de la PGR ese renglón. Los renglones aprobados incluyeron, en su momento, facultad al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer sanciones a los servidores públicos locales y municipales ante la comisión de responsabilidades administrativas graves y también a los particulares que incurrieran en actos vinculados con faltas administrativas.
Sabido es, fue el propio presidente de la República quien modificó el texto del SNA que ya había sido aprobado y en el cual se incluía ese renglón, el de los particulares, el que seguramente será extraído en virtud de las aprobaciones que supuestamente harán diputados -los senadores ya las hicieron al envío original-. Los diputados quintanarroenses hicieron esa tarea de acuerdo a lo marcado en el mandato original, el aprobado por mayoría de legisladores federales con todo y las inconformidades de miles de firmantes. En otro punto se refieren a los nombramientos y también hay que recordar la serie de elementos marcados en leyes secundarias –todavía no aprobadas, al igual que el texto modificado del mismísimo SNA- como requisitos para figurar, primero, en una terna. Si éstos fueron los correctos, no hay ningún reclamo a los diputados de Quintana Roo, fechas y tiempos no existen en el marco de la ley de referencia, es decir, no se establece limitante al gobernador en turno para la selección. Puede reclamarse falta de caballerosidad, de atención, pero, ¿eso cabe entre opositores? Tal vez, pero por lo pronto por ningún lado aparece.
