Prevén riesgos por reducción de jornada
El comercio organizado señala las consecuencias que podría provocar la medida.
Por Jared García
El comercio organizado de la zona sur de Quintana Roo, alertó sobre un probable incremento en los costos operativos y una posible afectación en la productividad y calidad de los servicios, como consecuencia de la propuesta federal para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Amir Padilla Espadas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chetumal-Tulum, retomó los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional por la Concanaco, en la que se advierten riesgos como la dificultad para cubrir los turnos laborales, la disminución de las ventas y la productividad, así como el encarecimiento de los procesos operativos en las empresas.
Aunque la propuesta aún se encuentra en fase de consenso, Padilla Espadas señaló que su implementación inició de manera gradual desde el primero de mayo y concluirá en 2030.
Las grandes empresas contarán con seis meses para adaptarse, las medianas con un año y medio, las pequeñas con dos años, y las microempresas tendrán hasta tres años y medio para cumplir con los nuevos lineamientos.
“La Canaco Servytur Chetumal-Tulum se suma a la postura de la Concanaco, estamos de acuerdo con la aplicación paulatina de la medida, siempre que se consideren las características específicas de cada empresa”, puntualizó.
Advirtió que, de no hacerlo así, se podrían generar serios problemas en la operación de pequeñas y medianas empresas, que representan el grueso de los negocios en la región.
Además, recalcó que la Secretaría del Trabajo deberá aplicar criterios diferenciados según el tipo de actividad y tamaño de las empresas, pues no es lo mismo una planta industrial con varios turnos, que un restaurante, una tienda de barrio o un hotel pequeño con horarios extendidos y plantillas reducidas.
Finalmente, Padilla Espadas insistió en que para que esta reforma funcione, será indispensable que el gobierno federal implemente incentivos financieros, fiscales y tecnológicos, que permitan a las empresas familiares formalizarse y adaptarse al nuevo esquema.
“Debemos tener presente que más del 55% de la economía laboral opera en la informalidad. Hay mucho trabajo por hacer en ese renglón”, concluyó.
