Duarte, con un pie en la cárcel
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no consiguió que el congreso estatal nombrara al fiscal Anticorrupción y pospuso, por una semana, la designación del Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), pese a la insistencia del mandatario en que desahogaran estos puntos.
El revés fue formalizado al iniciar la sesión, cuando la presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia, Marcela Aguilera, pidió que se sometiera a votación el retiro del punto sexto del orden del día, que era el relacionado con el nombramiento del fiscal, por su “preocupación por la paz pública”, debido a la polémica de la decisión.
En cuestión de cinco minutos quedó fuera el tema del nombramiento, que ha sido interpretado como una estrategia del mandatario para “blindarse” ante las reiteradas acusaciones de desvío de recursos en su contra.
El coordinador de los diputados del PAN, Juan Rementería del Puerto, aseguró que la decisión fue porque el PRI se vio presionado y sabía que no alcanzaría los 34 votos necesarios para aprobar a Francisco Portilla Bonilla, quien ha trabajo para el gobierno de Duarte, como nuevo fiscal.
“Todavía hay peligro de que lo nombre porque supongo que hicieron su cálculo y no les daba la votación y seguramente van a querer sacarlos negociando, presionando para lograr los 34 votos del congreso”, dijo en entrevista para Animal Político. “Hay diputados del PRI que no están de acuerdo con aprobarlo porque saben que es una barbaridad y algunos están sometidos a muchísima presión”.
En la Ciudad de México, el panista Roberto Gil, presidente del Senado, ventiló que el nombramiento del Fiscal fue detenido por “intervención” del Gobierno federal tras la agresión el miércoles de integrantes de los 400 Pueblos al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes
Yunes Linares manifestó que fue la decisión de diputadas y diputados de distintos partidos políticos lo que hizo posible evitar que el Congreso del Estado designara como fiscal contra la corrupción a un cómplice de Javier Duarte.
“Todos merecen el más amplio reconocimiento, en particular quienes militan en el PRI, porque fueron objeto de presiones y amenazas y a pesar de eso con toda dignidad se opusieron”, afirmó.
A pesar de desechar la designación del fiscal anticorrupción (acción catalogada como blindaje político por parte del mandatario estatal), el Poder Legislativo veracruzano aprobó la creación de la Sala Anticorrupción del Poder Judicial.
Con 29 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones los diputados estatales aprobaron la propuesta, por lo que el mandatario estatal tiene 30 días naturales para presentar una solo terna de tres magistrados, la cual tiene que ser aprobada por la Cámara.
Cabe destacar que la Procuraduría General de la República tiene 48 investigaciones abiertas contra el gobernador veracruzano, con base en denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto al mal manejo y probable desvío de millones de pesos de recursos públicos.
SALVA A DUEÑO DE TIBURONES
El gobierno de Veracruz salió en defensa de la empresa del diputado federal Fidel Kuri que maneja el club Tiburones Rojos de Veracruz. Con una demanda de amparo que un juez federal desechó por improcedente, consiguió frenar que la compañía comience a pagar 12 millones de pesos que les debe a extrabajadores despedidos injustificadamente.
Dos horas antes de que iniciara la diligencia para solicitar a la empresa la reinstalación y pago de uno de los afectados, en cumplimiento de la sentencia laboral ya confirmada, los abogados de Kuri “avisaron” a la junta de Conciliación que el gobierno había solicitado un amparo. Aunque la notificación no era oficial, la diligencia se suspendió.
La empresa de Kuri, Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, es la responsable de pagar a los extrabajadores. Pero fue el gobierno de Veracruz el que presentó la demanda de amparo en la que pedía que todo el proceso, que derivó en la sentencia favorable a los extrabajadores, fuera revocado.
DEJARÁ A YUNES SIN PALACIO
Duarte también envió una solicitud al Congreso estatal para “enajenar a título gratuito” el predio de la residencia oficial, Casa Veracruz, a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El mandatario también propuso al Congreso estatal ceder los derechos “a título gratuito” de un predio localizado en la colonia La Piedad, en Xalapa, a favor de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y “enajenar una propiedad y casa construida”, en la colonia Dos de abril de Veracruz, a favor de la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito en el Estado.
Sobre el tema, el diputado Julen Rementería del Puerto preguntó si realmente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos necesita un inmueble como la Casa Veracruz (con una superficie de alrededor de seis mil metros cuadrados) y exhortó a los organismos autónomos citados a rechazar las donaciones porque son bienes de los veracruzanos y les recordó su compromiso de hacer cumplir la Constitución del Estado y velar por los intereses y patrimonio de los ciudadanos.
