Detienen a expresidenta del Poder Judicial de Guerrero por destrucción de videos clave del caso Ayotzinapa

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a la magistrada en retiro Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero, a quien se responsabiliza por la destrucción de imágenes captadas la noche del 26 de septiembre de 2014 en la salida sur de Iguala de la Independencia, cuando fueron atacados y desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.


Alrededor de las 08:00 horas de este miércoles 14 de mayo, elementos de la Comisión Nacional contra el Secuestro (Conase) llegaron hasta la colonia Ruffo Figueroa, todavía en el primer cuadro de la capital de Guerrero, para implementar un operativo en torno al domicilio de la magistrada en retiro.

Galeana Marín fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en septiembre de 2014. A ella se le atribuye la destrucción de los videos captados por las cámaras de vigilancia instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, los cuales han sido exigidos durante más de 10 años por los padres de los 43 normalistas, sus abogados y las organizaciones sociales que los acompañan.

El operativo fue comentado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que se desarrolla todas las mañanas, donde las corporaciones de los tres niveles de gobierno intercambian información y toman decisiones.

Se confirmó que la ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero se encuentra detenida como consecuencia de las decisiones que tomó en el contexto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.

¿De qué se le acusa?
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional cumplimentaron la orden de aprehensión.

Galeana Marín, de 79 años, fue detenida por desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público, indicaron autoridades mediante un comunicado.

«Se tuvo conocimiento de un domicilio ubicado en la calle Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa, donde se resguardaba una ex funcionaría pública estatal que contaba con una orden de aprehensión, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó una orden de cateo para intervenir el inmueble».


¿Qué habrían captado esas cámaras?
Las cámaras de video del Palacio de Justicia habrían captado, de acuerdo con representantes y abogados del colectivo ‘Nos Faltan 43’, el momento en que policías preventivos de Iguala y presuntos sicarios del cártel Guerreros Unidos (GU) interceptaban un autobús de pasajeros con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, cuando intentaban escapar de la embestida armada.

El hecho fue avalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que asegura que los normalistas fueron trasladados hacia el municipio de Huitzuco, donde serían presentados ante un presunto líder criminal al que los delincuentes se referían como El Patrón.

En su momento, la magistrada en retiro había declarado que las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia no tenían mucha utilidad, pues “solo habían captado manchas borrosas”.

Durante los 10 años que han transcurrido desde los hechos, los padres de los 43 han solicitado a diferentes presidentes del TSJ que entreguen dichos videos a la FGR, ya que consideran que son clave para esclarecer la ubicación de un grupo importante de los normalistas desaparecidos.

En la Mesa de Coordinación se ha manejado que ya existe una lista de ex colaboradores de la administración gubernamental de Ángel Aguirre Rivero, quien se separó de la titularidad del Ejecutivo local el 26 de octubre de 2014, un mes después de ocurridos los hechos.

Se sabe que ella era responsable cuando recibió todo el paquete del expediente de los detenidos, y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) manifestó que desaparecieron las evidencias.

Las fuentes no precisaron si la ex funcionaria fue trasladada al Estado de México donde se encuentran las causas penales iniciadas por la desaparición de los normalistas.

Con la información de Milenio

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