Derechohabientes del IMSS en José María Morelos: en el abandono por falta de consultorio

JMM.- Desde hace dos años, cientos de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en José María Morelos han sido relegados a la incertidumbre médica, ya que el municipio no cuenta ni siquiera con un consultorio auxiliar. La falta de infraestructura de salud ha obligado a los asegurados a trasladarse hasta Felipe Carrillo Puerto para recibir atención, lo que representa un costo elevado que golpea la economía de los trabajadores.

Miguel Ángel Acevedo Castillo, uno de los afectados, recuerda que anteriormente existía un consultorio local que, aunque básico, al menos les brindaba atención primaria y evitaba gastos excesivos en traslados. Sin embargo, tras la jubilación del médico a cargo, el servicio desapareció sin que las autoridades del IMSS implementaran una solución.

«Desafortunadamente, desde que cerraron el consultorio auxiliar, todos los derechohabientes que tenemos un problema médico debemos acudir a Felipe Carrillo Puerto, lo que implica gastos considerables en transporte y alimentación. Antes nos apoyaban con viáticos, ahora todo corre por nuestra cuenta. Cada consulta nos cuesta mucho más de lo que deberíamos pagar si tuviéramos un consultorio aquí mismo», lamentó Acevedo Castillo.

El problema afecta a un gran número de trabajadores afiliados al IMSS, provenientes de empresas como Coca-Cola, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), así como del sector privado. Se estima que en la cabecera municipal hay entre 500 y 600 derechohabientes, sin contar a los de comunidades cercanas como Dziuché, lo que elevaría la cifra a más de 2,000 personas.

La demanda de un módulo auxiliar en la cabecera municipal es urgente. Con el crecimiento poblacional y el aumento de empleados cotizantes, la ausencia de servicios médicos locales resulta inaceptable. A pesar de los llamados de los afectados, hasta ahora no ha habido una respuesta concreta de las autoridades del IMSS.

Mientras tanto, los trabajadores siguen en el abandono, pagando de su bolsillo el derecho a la salud que, por ley, debería ser garantizado.