Los empresarios rechazan reforma al Artículo 103
Medida atenta contra los derechos de los propietarios.
Por Blanca Silva > Quequi
Debido al riesgo que representa para los ingresos de muchas personas de la tercera edad, así como para la inversión en segundas residencias, el sector empresarial externó su rechazo a la iniciativa que busca extender el plazo para que inquilinos puedan ser desalojados si no pagan su renta, ante lo cual hizo un llamado al Congreso del Estado a instalar mesas de diálogo para analizar el tema.
En conferencia de prensa, integrantes de la directiva del Centro Empresarial Coparmex Quintana Roo dio a conocer su preocupación por la propuesta de reforma al Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, que busca incrementar de dos a tres el número de mensualidades impagas de renta requeridas para proceder con una demanda de desocupación.
Explicaron que aunque la reforma aparenta ofrecer mayor protección a los arrendatarios, en realidad propicia un entorno que favorece el incumplimiento y perjudica de manera injustificada los derechos de los propietarios, muchos de ellos personas de la tercera edad que viven de ese ingreso al no tener derecho a una pensión.
Ante esta situación, alertaron que la reforma podría disuadir a los inversionistas, reduciendo la oferta de viviendas en alquiler y aumentando los costos, lo cual impactaría la dinámica del mercado y economía local, ya que el 90% de quienes llegan a Cancún buscan una unidad en renta.
Además, enfatizaron que los procesos judiciales de desahucio bajo la legislación actual, brindan amplias oportunidades para que los inquilinos regularicen su situación y eviten el desalojo, pues el artículo 1004 Bis establece que si durante el juicio el inquilino paga la totalidad de las rentas debidas se da por terminado el proceso de lanzamiento sin condenación en costas.
Ante esta situación, señalaron que extender el plazo a tres meses para el incumplimiento de pago exacerbará más los problemas existentes, alentando a los inquilinos a prolongar la ocupación sin cumplir con sus obligaciones financieras, haciendo más oneroso y dilatado el proceso de recuperación de la propiedad para el arrendador.
Incluso, revelaron que se han detectado casos de personas que incurren reiteradamente en esa práctica, convirtiéndola en un fraude por lo que deberían ser enlistadas para advertir a otros arrendadores, bajo un esquema similar al Buró de Crédito.
