Denuncia intimidación de un abogado
Por Redacción
Cancunense se encuentra en medio de una demanda desproporcionada por parte de Abel Baltazar Cortés Velasco, quien funge como representante legal de una familia oaxaqueña -madre e hijos-, dueños de una vivienda. El demandante alega un retraso en el pago de una propiedad con un valor de 6 millones 500 mil pesos, por lo que presuntamente intenta cobrar casi un millón de pesos adicionales a lo acordado; todo ello a pesar de que el demandado pagó en su totalidad el monto del inmueble.
El contrato de compra-venta en poder de Grupo Quequi, indica que el demandado adquirió un inmueble en el residencial Isla Dorada, en Cancún, por la suma de 6 millones 500 mil pesos.
De acuerdo con los documentos, para la entrega de la propiedad, el 27 de julio de 2020, se realizó el pago del 50%, en tres transferencias bancarias y el resto se acordó saldarlo en 365 días naturales.
La controversia surge, porque según el representante legal de la parte demandante, el comprador no cumplió con el plazo estipulado para realizar los pagos restantes.
Se alega que, a pesar de haber pagado la totalidad de la vivienda -los 6.5 mdp-, no cumplió con las “mensualidades correspondientes”, lo que llevó al apoderado legal a reclamar el total del valor de la propiedad, más un 10% adicional como penalización, que corresponde a 650 mil pesos; es decir, requiere un monto de 7 millones 150 mil pesos; además de un pago mensual por concepto de “renta”, que según Cortés Velasco, sería de 15 mil pesos mensuales por casi dos años, como “retribución” por el “uso del inmueble”, mientras el comprador realizaba los pagos correspondientes.
Sin embargo, el demandado sostiene que cumplió con su compromiso al saldar la totalidad del monto acordado para la compra de la propiedad; por lo que alega que el intento de cobro del 10% es desproporcionada.
Este monto, según el apoderado Abel Baltazar Cortés Velasco, y quien al parecer se aprovecha del poder notarial que le cedió una familia oaxaqueña, verdaderos dueños del inmueble, busca «compensar” circunstancias ajenas al comprador.
Sin embargo, en defensa del cancunense, se argumenta que la “penalización” que pretenden imponer es desproporcionada. De acuerdo con especialistas consultados por Grupo Quequi, coinciden en que pagar el 10% del valor total de la propiedad, puede considerarse excesivo y, según algunos expertos, podría ser motivo de revisión en instancias judiciales a favor del cancunense.
