Será lenta, revocación a taxistas; comienza el proceso de anular concesiones; Imoveqroo asegura que puede durar hasta tres años

Por Soraya Huitrón

Quequi

Comienza el proceso de revocación de concesiones a los taxistas implicados en el bloqueo de la Zona Hotelera en Cancún, esto, después de que se iniciara un litigio por parte de la Fiscalía y el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Lo anterior lo dio a conocer el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia, quien explicó que el proceso es lento, pero sigue su curso.

“El tema de la revocación de las concesiones es un proceso que nos lleva aproximadamente 60 días en el Instituto de Movilidad, a partir de que tenemos una notificación de la autoridad competente. En este caso tanto el municipio como la Fiscalía mandaron la lista de placas”.

Cabe recordar que la semana pasada, la misma presidente municipal de Cancún, Ana Paty Peralta confirmó que el Ayuntamiento de Benito Juárez levantó una denuncia en contra de los taxistas, tras el bloqueo del lunes 23 de enero, cuando hubo agresiones contra una mujer policía, en un hecho que quedó grabado en video y se hizo viral.

Una segunda denuncia fue porque ese bloqueo de taxistas puso en riesgo a miles de personas en caso de una emergencia, ya que no solo afectaron a miles de turistas y trabajadores del sector turístico, sino a los ciudadanos que viven en esta zona.

“Iniciamos nosotros el procedimiento, y esto implica que debemos de llamar al concesionario a audiencia para que nosotros ya determinemos si la concesión se revoca”, dijo en su momento la alcaldesa.

Sin embargo, este proceso se puede extender por hasta tres años si los taxistas solicitan amparo o juicio administrativo.

Por lo que Rodrigo Alcázar señaló que, no puede revelar cuántas concesiones están en este momento en el proceso de revisión en el Instituto de Movilidad, pero señaló que son muchas.

“Ellos pueden solicitar sus instancias como el amparo y el juicio administrativo, que seguramente lo tomarán, al final el proceso tarda 60 días, pero el amparo puede tardar tres años”, puntualizó.

Por su parte la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, dijo que se llevan a cabo las investigaciones, y ya se han suspendido algunas concesiones, las cuales apuntan a la rescisión.

Detalló que existen demandas ya interpuestas que se están atendiendo por dos vías, dado que por el tema de agresiones son del orden penal que toca resolver a la Fiscalía General del Estado; mientras que las de carácter administrativo corresponden al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, desde donde se permite la garantía de audiencia y llamar a las partes involucradas para el desahogo de pruebas y actuar en consecuencia.

Agregó que, en ambos casos, tanto en la Fiscalía como en el Imoveqroo, hay carpetas de investigación abiertas, y ninguna se ha detenido.

Y es que según la propia Secretaria de Gobierno del Gobierno del Estado, ya se llevó a cabo una reunión con transportistas concesionarios y representantes de las plataformas digitales para iniciar la construcción de los cambios a la nueva Ley de Movilidad de Quintana Roo, para la operación de las distintas modalidades de transporte.

Destacó que, los trabajos fueron realizados en un marco de civilidad. Hubo opiniones que algunos no compartían, pero todo con respeto.

«Ha habido reuniones y mesas de trabajo; ayer hubo una con concesionarios, plataformas, gobierno y diputados de la comisión (de movilidad)», comentó.

A pregunta explícita, la funcionaria aclaró que esto incluyó a un representante de Uber, al igual que del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), que aglomera a 19 sindicatos de taxistas.

Cuestionada sobre los plazos, Cristina Torres señaló que estos dependen del Poder Legislativo, sin que exista una fecha límite, aunque sí tienen hasta el 26 de febrero para armonizar la Ley de Movilidad con el marco federal.

De acuerdo con información filtrada, son alrededor de 20 concesiones del servicio de transporte público en la modalidad de taxi, que están en la tablita y podrían ser rescindidas por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.