Evitan desalojo de familias deudoras
Por Soraya Huitrón
Quequi
Un juez federal evitó el desalojo de por lo menos 52 familias benitojuarenses que estuvieron a punto de perder sus viviendas por presuntas deudas de sus propietarios con financieras.
Esta orden judicial evitó que los desalojos se lleven a cabo hasta que se realice el trámite legal pertinente, por lo que será en las próximas fechas cuando se dictamine si la sentencia se cumple o no, por lo pronto tampoco habrá confiscación de sus bienes.
Esto lo informó el abogado de las familias afectadas, Oshniel Peña Altuzar, perteneciente a la Asociación Nacional en Defensa de la Vivienda y de Asistencia Social, A.C. y agregó que la medida dictada por el juez determina el emplazamiento o llamado a juicio, en caso de que haya uno en trámite.
Esta situación abarca a por lo menos 12 desarrollos detectados hasta el momento, entre los que se encuentran los fraccionamientos Hacienda Real del Caribe, Calakmul, Los Ángeles, Los Héroes, La Guadalupana, Costa Azul, Villas del Mar, Paseos Kabah, Villas Otoch y Villas Otoch Paraíso.
Esta determinación garantiza que estas personas no sean desalojadas sin antes llevar a cabo un proceso legal y meter a revisión cada una de las carpetas, ya que indicó que, aunque los casos son por la misma situación varían en tiempos y cantidades y en algunos hasta desarrollos.
“Hemos tenido una muy buena respuesta del juzgado de distrito. En 52 casos el juez nos ha otorgado la suspensión de la no confiscación de los bienes inmuebles”, manifestó.
Y aunque son 130 casos interpuestos ante el Juzgado Tercero de Distrito, sólo 52 han salido favorables, ya que algunas de las carpetas tuvieron algunos errores, como en la dirección del inmueble, apellidos, entre otros, por lo que la autoridad les mandó a corregir dicha información.
Señaló que algunos casos tuvieron una resolución inicial favorable, ya que hay varios donde hay menores de edad afectados, por lo que con base en la Ley de protección al menor, se tomó en cuenta el “bien superior de los infantes”.
Cabe resaltar que apenas el pasado 22 de abril, casi 150 personas presentaron amparos para poder recuperar sus viviendas, luego de ser desalojadas de manera violenta en un conflicto que enfrentan desde hace varios años con las desarrolladoras.
Los afectados, revelaron que mientras algunos fueron obligados a dejar sus viviendas, a otros se les exigen pagos al contado de hasta 800 mil pesos o que se comprometan a una reestructuración por más de un millón de pesos, cuando originalmente los créditos que obtuvieron fueron de 385 mil pesos.
