Juzgados huyen de amparos contra el Tren Maya

Juzgados tienen que ser obligados por tribunales colegiados a admitir recursos contra el megaproyecto; ciudadanos amparados se sienten criminalizados desde el Poder Ejecutivo

El 24 de agosto de 2020, diversas personas de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en Quintana Roo, decidieron presentar un amparo contra el Tren Maya, el megaproyecto mimado del presidente de México. ¿El motivo? Violaciones a su derecho a la libre determinación, la falta de información, daños al patrimonio cultural y al medio ambiente… Pero el Juzgado Primero de Distrito en Chetumal se negó a aceptar el amparo alegando que no era de su competencia, y lo envió al Juzgado Octavo con sede en Cancún. Este tampoco quiso admitirlo y lo devolvió al juez de Chetumal.

Ante el conflicto entre los jueces, se turnó a un tribunal colegiado que determinó que la responsabilidad de conocer el amparo era del juez de Cancún. Admitió la demanda el 16 de marzo de 2021, 204 días después de que se intentara presentar por primera vez, mientras que cuando se acepta un amparo el promedio es de un mes en tener una suspensión provisional. No es una excepción. En otros ocho ocurrieron situaciones similares.

Hay al menos 16 amparos colectivos en contra del Tren Maya. Desde EL UNIVERSAL se habló tanto con las organizaciones como con los ciudadanos que asesoran, así como con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, y se comprobó el discurrir de los amparos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Además del caso de Quintana Roo, en Yucatán dos amparos están en la Suprema Corte de Justicia tras ser rechazados y en otros dos, un tribunal colegiado tuvo que obligar a admitirlos; durante el inicio de la pandemia, un juzgado fue forzado a admitir un amparo en contra de los desalojos en Campeche y en otro en Candelaria hay una resolución que no ha sido notificada a los afectados; un amparo puesto en la Ciudad de México entró en un laberinto judicial para ser, meses después, admitido en Campeche.

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La asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos aconseja en ocho de los amparos. Fundada en 1991 y con sede en Chablekal, Yucatán, han asesorado a comunidades en litigios frente a megagranjas porcinas o venta de tierras en ejidos. Orvelín Montiel, abogado de su equipo jurídico desde 2012, opina que, al tratarse de un tema relevante para el sexenio y el gobierno, parece que hay jueces que temen las repercusiones de entrar en amparos.

“Desechan los amparos y sólo los admiten una vez que se ha puesto un recurso y un tribunal colegiado los obliga y aún así no quieren conceder las suspensiones”, razona. En un amparo, la suspensión sirve para que mientras se decide sobre el asunto legal, no haya daños o perjuicios que no se puedan reparar en la situación de los agraviados.

Desde indignación asesoran a grupos del pueblo Maya-Ch’ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, a la asamblea Múuch’ Xíinbal y a la agrupación Chuun t’aan. Cada uno de sus amparos está firmado por entre 10 y 40 personas.

“Uno de los amparos, que cayó en el Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán y que se reclamaba falta de información, la licitación del tramo, que la consulta de diciembre de 2019 que supuestamente autorizó el tren no cumplió los estándares, daños al medio ambiente sano y al patrimonio cultural, fue desechado”.

Resume: “Lo impugnamos y un tribunal colegiado obligó al juez a admitir el amparo. Una vez que lo admitieron, negaron la suspensión provisional. Hace un mes realizamos una ampliación para demandar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no tuvo en cuenta las opiniones que les hicieron llegar para la manifestación de impacto ambiental, y aquí sí dieron una suspensión definitiva”.

Al cuestionar al respecto, Fonatur contestó que ese juzgado tiene “una falta de conocimiento de la legislación ambiental”.

La postura de Fonatur y del gobierno federal sobre los amparos se resume en unas declaraciones de su director, Rogelio Jiménez Pons: “Los esfuerzos legales para detenerlo responden a intereses individuales y no a la voluntad de las comunidades. Se trata de organizaciones con una estrategia mediática y una agenda política”.

En una conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos de recibir, desde 2006, 14 millones de dólares de Estados Unidos para oponerse al Tren Maya.

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“A mi nadie me manipula”

Dos de los amparos que están radicados en Campeche tienen que ver con lo que la autoridad llama Proceso de Relocalización Consensuada y que los afectados de tres barrios de Campeche y los de la población de Candelaria prefieren nombrar como Desalojo Forzoso. Entre los firmantes está Joaquín Aguilar, un aguador de 59 años, cuyo hogar de concreto y zinc, donde vive con su esposa, hijos y nietos, está pegado a las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Ese derecho de vía lo quiere usar Fonatur para construir el Tren Maya. Por razones de seguridad no puede haber viviendas ni inmuebles a 20 metros por cada lado del eje e irá vallado. Según documentos oficiales de Fonatur obtenidos por EL UNIVERSAL, 294 de los 724 kilómetros ya en construcción del Tren Maya tienen invasiones, con mil 718 puntos dentro de esa franja.

“A mí nadie me está manipulando, yo estoy en el amparo porque quiero, porque creo que es en mi beneficio. Yo sólo tengo donde vivo, tardé 20 años en levantar mi casa, y si pasa el tren aquí nos van a desplazar, bueno, o como dicen ellos, reubicar… nosotros argumentamos que somos de antes del tren, que no invadimos nada. Aquí firmamos 80 familias. ¿No sería mejor desviar las vías y no tirar 400 viviendas? Es que además hay terreno por dónde ponerlas…”, explica el afectado.

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Kalycho Escoffié, jurista que asesora a estos colectivos en sus amparos y que también trabaja para lograr el matrimonio igualitario en Yucatán, argumenta que “en torno a los amparos ha habido movimientos absurdos, algunos cotidianos, otros que parecen muy sospechosos o que claramente son por el tema.

“Al inicio de la pandemia se suspenden las labores judiciales y en ese momento dejan de recibir demandas en físico. En todo ese proceso hubo varios errores y problemas, como que el juzgado se negaba a recibir la demanda, creo que por un tema de la pandemia, pero cuando dije que era sobre el Tren Maya, parecía que se rehusó más, y en el caso de Candelaria, hay una resolución que no nos han notificado y ya fueron a preguntar las personas y nada; ahí sí veo que hay unos movimientos muy cuestionables”, pero concede, “también hay que decir en honor a la verdad que sí ha habido juzgados que han otorgado suspensiones con buenos alcances”.

Galimatías judicial

El nombre de Joaquín Aguilar, como el de otras 17 personas, fue publicado sin su consentimiento en una columna de un periódico nacional donde acusaban a “139 personas físicas y seis organizaciones no gubernamentales” de interponerse “a la decisión favorable hacia ese proyecto tomada por un millón 492 mil 457 personas en consultas organizadas por ONU-Hábitat”.

Este texto fue compartido por las redes sociales del Tren Maya: “No hemos compartido información con fines de criminalizar a los implicados”, aseguran desde Fonatur.

Sin que quede claro de dónde sale ese millón y medio, ya que la consulta de diciembre de 2019, según la Secretaría de Gobernación, tuvo 100 mil 940 boletas en 84 municipios, con un padrón electoral de más de 3 millones de personas, para Noemí Martínez, de la asamblea Múuch’ Xíinbal, compuesta por indígenas y mestizos de 25 comunidades en la península, y una de las firmantes de los amparos, ese argumento no tiene sustento.

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“Aunque fuera una sola persona, tiene el legítimo derecho a ampararse contra el proyecto”, razona, “pero no somos tan pocos, hay voces que no se atreven a hablar en contra porque tienen miedo. Es muy delicado que desde la silla presidencial, con su gran poder, nos ataquen”.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con sede en la Ciudad de México y oficina en la península, ubicada en Cancún desde 2001, está en un amparo. Su director operativo, Xavier Martínez, cuenta que investigando los impactos del Tren Maya fueron conociendo pueblos de los tres estados peninsulares y comunidades académicas con las que decidieron armar un amparo por el tema ambiental: “CEMDA trabaja en la defensa del medio ambiente sano y les ha llevado a involucrarse en la defensa de los pueblos”, explica.

“Se presentó en la Ciudad de México, pensando que las autoridades ordenadoras están allá. El juzgado no lo aceptó y se mandó a Campeche. El de Campeche también dice que no y lo sube al colegiado. Finalmente mandan que lo acepte Campeche. Nos echamos seis meses en este conflicto competencial”, razona, “eso nos trajo otro problema: el juzgado de Campeche dice que lo acepta, pero sólo admite la parte de Campeche, es decir, los firmantes de Quintana Roo y otros estados han sido excluidos y es objeto de controversia en el tribunal colegiado”. Lo que resume como “un galimatías judicial”.

En Calakmul tiene su sede el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, cuyos miembros presentaron el primer amparo contra el Tren Maya en enero de 2020 por la consulta de diciembre de 2019.

Romel González, vecino de Xpujil, comenta que este recurso judicial es sólo otra de sus acciones “desde que López Obrador anunció que nos iba a salvar del pecado, traernos desarrollo, modernidad y salvarnos de pobres. Nadie se atrevía en un principio, ya que tanto el Presidente como Jiménez Pons nos atacaron”, relata.

Y se lamenta: “Es muy incorrecto que un funcionario esté señalando a personas”.