Por primera vez en el estado de Quintana Roo la FGE ejercita acción penal contra una persona jurídica por los delitos de robo, despojo y delitos en materia ambiental

Se decreta la suspensión de actividades y clausura; esta acción jurídica sienta un precedente en la entidad

*El fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales presentó datos de prueba de su probable participación en la ilegal ocupación de un predio y extracción de material pétreo.

Solidaridad. – La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, por primera vez en la entidad, el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales del municipio de Benito Juárez, el pasado 23 de febrero ejercitó acción penal contra una persona jurídica establecida en el predio conocido como Balam Tun que se localiza en la manzana 21 lote 59 en el Municipio de Solidaridad, relacionada en la carpeta administrativa 348/2020.

Tras una denuncia y derivado de diversos actos de investigación, se pudo detectar que la empresa realizó la ocupación ilegal de un predio, además de la extracción ilegal de material pétreo el cual era trasformado en derivados para materiales de la construcción.

De acuerdo a los peritajes ambientales, con la explotación de la superficie se puso en riesgo el ecosistema, especies animales y arbóreas en virtud de que el terreno requiere de protección y conservación estando restringido su aprovechamiento por disposición legal.

Al término de la audiencia de vinculación, la representación social consiguió que el juez de control dictara medidas cautelares en contra de la persona jurídica que consisten en: la suspensión de actividades y clausura; además, se fijaron cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

A esta acción, se suma la vinculación a proceso del propietario de la empresa dedicada a la construcción por los mismos delitos; dicha acción legal se determinó el pasado 23 de febrero.

La Fiscalía General del Estado cumple con su encomienda constitucional de investigar, perseguir, capturar y llevar ante tribunales a los probables participantes de ilícitos que atentan contra el patrimonio y el medio ambiente de los habitantes del estado de Quintana Roo.