Caso BPA amplifica acusaciones hacia dos fiscales panameños

• El escándalo bancario y financiero más importante que se ha producido en Andorra, los involucra en un fraude a razón de una supuesta persecución sin fundamentos hacia un residente extranjero en Panamá

ANDORRA.- El 10 de marzo del 2015 la Banca Privada de Andorra (BPA) se vio sacudida por señalamientos internacionales de ser un recinto financiero de actividades ilícitas, el cual dio el congelamiento de más de 30 mil cuentas de su entidad bancaria. De esta forma los propietarios de BPA, ahora acusan de prevaricación a las que fueran máximas autoridades del Principado de Andorra durante la intervención de la entidad financiera por blanqueo de capitales en 2015.

Consideran que los acusados realizaron presuntas arbitrariedades y omisiones intencionadas en decisiones desde antes de publicarse la nota del 10 de marzo de 2015 del Financial Crimes Enforcement Network estadounidense (FinCEN) sobre supuesto mal funcionamiento de la entidad. La presión por dar resultados a dicho escándalo dio resultado que el Gobierno del Principado de Andorra abriera investigaciones a los cuentahabientes de dicha entidad alrededor del mundo.

A mediados del 2019 la Fiscalía Segunda contra el crimen organizado de Panamá recibe una comunicación espontanea (Información no Comprobada) con la posibilidad de iniciar una investigación a un extranjero residente de Panamá por presunto delito de lavado de activos, el cual desde el 2015 se estuvo haciendo frente a su proceso en el Principado Andorrano y no se la han imputado cargos hasta la fecha.

La Fiscalía inicia la investigación que se le delega a los fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera. El equipo legal del empresario relata todas las afectaciones que ha sufrido el mismo durante su proceso, violentando completamente todas sus garantías y derechos mediante su investigación, la cual no ha arrojado resultados en Panamá al igual que en Principado de Andorra.

Salvador Padilla, representante legal del empresario, señaló que Panamá está actuando a través de un efecto espejo, está copiando ilegalidades cometidas por Andorra; esta controversia a la presunción de inocencia, el principio de legalidad y debido proceso que consagra la Constitución Panameña, la Constitución Andorrana y la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que constituye una afrenta contra del Estado de Derechos y una preocupación trascendental para el pueblo panameño respecto de la poca impartición de justicia de sus autoridades, están actuando como en la conquista, pero ahora replicando lo malo que generan las instituciones europeas, pero allá los esperan, en donde se hace justicia, tarde o temprano.

El abogado Javier Quintero, comentó que luego que el Estado panameño recibe al empresario, le otorga Visa de residente permanente y éste traslada su patrimonio a Panamá y adquiere bienes de gran valor, todo ello en forma legal y correcta, el Ministerio Público le cautela todos sus bienes y en una suerte de «trampa judicial» se articula con la dirección de Migración para impedirle la entrada a Panamá luego de que el empresario viajara a su país a recabar elementos para desmentir a los fiscales panameños. Todo esto como consecuencia del montaje Andorrano.

El inversionista afectado ha declarado: “Con evidencia falsificada la Fiscalía de Panamá en coordinación con el Gobierno de Andorra, me despojaron de mi patrimonio, mis bienes, mi residencia permanente en Panamá, me inadmitieron del país arbitrariamente hasta el punto que me han girado una orden de aprehensión infundada, la cual es una clara violación flagrante de todos los reglamentos de derechos humanos internacionales”.

Agrega que: “Los corruptos fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera de la Guardia sin ninguna consideración de la ley, debido proceso y derechos humanos han dilatado este proceso, ya hace trece meses de congelar mis bienes, sabiendo que yo no he cometido ningún delito en Panamá, todo este show fue por la falsificación de pruebas brindada por el Gobierno corrupto de Andorra que hoy se está conociendo la verdad y pagando las consecuencias”.

En los últimos meses en Panamá se han expuesto los tratos dudosos y arbitrarios por parte del Sistema de Justicia del país, el mismo que lucha por mantener su credibilidad ante la oleada de denuncias y querellas antes sus fiscales y jueces por no llevar correctamente el debido proceso e incluso hasta de corromperse por intereses particulares, ante el llamado de una ciudadanía que exige seguridad jurídica e igualdad de condiciones en este importante órgano del estado.