Informa FGE 107 personas detenidas, 25 vinculaciones a proceso, 19 órdenes de aprehensión cumplidas y 4 cateos del 31 de agosto al 6 de septiembre
Redacción
En lo que va del 2020 la FGE Quintana Roo ha logrado la resolución de 1,006 conflictos penales mediante la opción jurídica denominada Justicia Alternativa.
Benito Juárez. – La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que durante la semana comprendida entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, 107 personas fueron puestas a disposición del ministerio público, de las cuales 32 fueron por delitos contra la salud y 4 por violencia familiar, entre otros delitos.
De ellas, 25 fueron vinculadas a proceso: 11 por homicidio, 3 por violación, 3 por robo, entre otros; las mismas 25 personas permanecen en prisión preventiva.
También se cumplimentaron 19 órdenes de aprehensión, 7 de ellas por homicidio, 3 por violación -entre otros ilícitos- y fueron practicados 4 cateos por hechos relacionados con delitos contra la salud.
El Fiscal General del Estado, Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales habló de la importancia de la Justicia Alternativa, como un procedimiento que puede resolver un conflicto penal de manera alterna en el que la parte agresora y agraviada pueden dialogar con la intervención de un facilitador quien genera las condiciones adecuadas para lograr un acuerdo entre las partes para la reparación del daño.
Estos Mecanismos de Solución de Controversias – que se rigen bajo la Ley Nacional- siguen los principios de voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad, simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad puesto que permiten realizar propuestas en un entorno idóneo, con condiciones de equilibrio para los intervinientes.
Este procedimiento, es dirigido por facilitadores, que es personal certificado y capacitado para atender los conflictos por la vía de la mediación y la conciliación.
El Centro de Justicia Alternativa de la FGE Quintana Roo, durante el 2020 ha realizado 1,006 acuerdos reparatorios y ha recuperado 31 millones 561 mil 848 pesos en favor de las personas agraviadas.
Para acceder a los mecanismos alternativos de solución de controversias, la persona interesada interpone denuncia ante el ministerio público, si el delito es procedente para la firma de un acuerdo reparatorio, el servidor público le informará para que pueda enviarse el expediente a esta área. Posteriormente, se notificará a la otra parte y se iniciará el procedimiento una vez que ambas partes tengan la voluntad de llegar a un acuerdo.
El Fiscal General indicó que este proceso tiene siete principios entre los que destacan la voluntariedad, es decir que los participantes deben estar libres de coacción; información, ya que se debe explicar claramente en qué consiste este medio; confidencialidad, en el que tampoco existirá divulgación de lo que ahí se acuerde y que tampoco podrá ser utilizado en un proceso penal.
Por otra parte, el titular de la institución habló de la captura de tres personas de origen colombiano, que fueron capturadas al encontrarse datos de prueba que los implican en diversos robos a casa habitación.
El Mtro. Óscar Montes de Oca indicó que la representación social se encuentra en proceso de integración de los expedientes a fin de determinar la probable participación de estas personas, ya que los trabajos de inteligencia emprendidos por la autoridad ministerial establecen que el modus operandi de las dos mujeres y el varón consiste en aprovechar la salida de alguna persona del sexo femenino de estos condominios a tiendas de autoservicio, en donde los probables participantes aprovechaban para robarse las tarjetas de ingreso al residencial comúnmente denominados tags; posteriormente arrendaban vehículos y colocaban en éstos dichas tarjetas para ingresar al condominio, entrar a las casas de las víctimas y sustraer dinero y pertenencias que posteriormente se repartían.
El Fiscal General destacó la colaboración de las empresas de seguridad privada, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para aportar datos de prueba que permiten establecer la relación de los implicados con los hechos.
Por último, el funcionario argumentó que la FGE Quintana Roo continúa con las investigaciones sobre ilícitos en agravio de conductores de Uber, en los que taxistas son señalados como probables participantes. No obstante, estas indagatorias aún están en curso.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo implementa acciones que permitan a la ciudadanía un fácil acceso a la justicia, mediante la aplicación de los procedimientos legales en vigor y la capacitación constante del personal sustantivo.
