Acuerda oposición no ir a extra por iniciativa de AMLO para modificar Presupuesto
Agencia
Los grupos parlamentarios de oposición en la Comisión Permanente (PAN, PRI, PRD y MC) acordaron no apoyar la celebración de un periodo extraordinario de sesiones para avalar la iniciativa presidencial que busca que el Ejecutivo Federal pueda modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación ante la declaración de una emergencia económica o sanitaria.
A través de un documento que acordaron todos los legisladores de oposición, se describe que aprobar la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que busca modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, representaría un claro retroceso al orden jurídico, pues no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presentes y venideras, pues significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado de derecho democrático de derecho.
«Las legisladoras y legisladoras de oposición que formamos parte de la Comisión Permanente no apoyaremos la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo preconcebido la aprobación de esta iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aprobarla representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presente y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho», define el documento.
Explican que México necesita que los Poderes de la Unión, junto con la sociedad a la que servimos, trabajen con base en el diálogo constructivo y propositivo para hacer frente a los grandes retos que ha develado esta pandemia.
«Reiteramos el llamado a actuar con responsabilidad y dejar a un lado los cálculos políticos y los intereses particulares, apegados al orden constitucional que nos rige. Nuestro objetivo común debe ser enfrentar esta crisis sanitaria y económica con unidad, inteligencia, responsabilidad y colaboración», define el documento.
Cabe recordar que este jueves se dio a conocer que será hasta el próximo martes cuando los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reúnan para debatir, y en su caso aprobar este proyecto, el cual ya fue modificado y circulado a sus integrantes.
Cabe recordar que la Comisión Permanente se integra por 37 diputados, y se requieren 25 votos (dos terceras partes) para convocar a un periodo extraordinario, pero Morena y sus aliados solamente tienen 24 legisladores, es decir, el PAN, PRI, MC y PRD, cuentan con 13 votos, es decir, si la oposición no falta y no votan a favor no se podría llevar a cabo la sesión extraordinaria.
En su documento, los legisladores de oposición explican que ha resultado infructuosos todos los llamados -desde todos los ámbitos de la Nación- al Ejecutivo Federal para el diálogo, el entendimiento y la adopción de acuerdos indispensables para la atención de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.
Por eso, consideran que la iniciativa presidencial es innecesaria: «Las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sustentan la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario optimista de la disminución previsible del -5.4% de los ingresos estimados aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2020, sujeto a la propuesta que el Ejecutivo Federal haga a la Cámara de Diputados, ésta formule su opinión y el propio Ejecutivo resuelva de conformidad con las prioridades aprobadas en el PEF 2020».
Describen que la iniciativa presidencial busca legitimar acciones inconstitucionales: La propuesta enviada por el Ejecutivo busca dar sustento al Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio 23 de abril de este año, por el cual unilateralmente se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente porque posponen toda acción y gasto gubernamental, salvo 38 programas que el Presidente califica de prioritarios. También pretende establecer previsiones particulares para eludir el sistema de rendición de cuentas.
Aseguran que la iniciativa promueve la opacidad pues el decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario, particularmente con respecto a los derechos de las personas y los servicios que la administración debe proveer. Tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar.
«La propuesta legislativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación. Además, no proponeninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por más de 700 mil millones de pesos», agrega.
«Ante la profunda crisis de salud y económica que se avecina, la iniciativa plantea una propuesta que vulnera el orden constitucional y los principios de división de poderes, de gasto con criterios federalistas, de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de rendición de cuentas con base en autorizaciones sujetas al control de la gestión gubernamental», define.
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«Nos resulta evidente que en la emergencia presente las prioridades son esencialmente la vida y la salud de la población, los ingresos de las familias y la preservación de las capacidades para reactivar la economía y no el otorgamiento de poderes extraordinarios al Presidente de la República para la disposición y la asignación de los recursos públicos de la Federación».
Finalizan con que es urgente un Acuerdo Nacional que congregue los esfuerzos de todos los sectores y de toda la ciudadanía. «Esta crisis se resolverá sólo con la participación de todos y con gobernanza, diagnósticos precisos, propuestas estratégicas, respuestas tangibles y evaluables, transparencia y rendición de cuentas».
