Traspasará fronteras corrupción en Panamá
* La fiscal Sonia Armengol Quesada y sus cómplices, enfrentarán a la justicia internacional
PANAMÁ.- Acusada de armar una investigación amañada contra dos empresarios mexicanos, al realizar una resolución de aprehensión, la 0001, 0002 y 0003 del año 2019, derivada de una denuncia por un presunto delito contra la fe pública, la fiscal de circuito Sonia Armengol Quesada, de la Fiscalia Segunda Subregional del Ministerio Público en Avesa, así como los fiscales Marcos Mosquera de la Guardia, José Antonio Candanedo Chiam y Ricaurte González, están a punto de enfrentar a la justicia internacional, por los exabruptos que cometieron contra los negociantes.
La mencionada funcionaria avaló el abuso de autoridad en que incurrieron funcionarios de la Procuraduría panameña, contra un inversionista mexicano con residencia en Panamá, retenido ilegalmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a quien violentaron sus derechos humanos. El abogado Sergio Morales Puello, explica que dicho delito en la fase de investigación no ameritaba que se realizara una aprehensión, en dado caso debió ser la Fiscalía en Delincuencia Organizada la ejecutante, pero Armengol Quesada se extralimitó en sus funciones al ordenar la detención de manera arbitraria.
Este atropello, donde se sospecha que el Consejo de Seguridad tiene metidas las manos, ha dado origen a que los abogados de la víctima evaluen la viabilidad de poner una querella a nivel internacional, de acuerdo al Codigo Federal Mexicano, artículo 4, contra los fiscales involucrados en la investigación, encabezados por Sonia Armengol, por la violación a los derechos humanos, buscando un mayor equilibrio con las autoridades mexicanas, ya que en Panamá son juez y parte.
Aseguró que la fiscal, en miras de hacer una investigación amañada, violentó el principio de inocencia de la víctima, de acuerdo al Artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, porque primero debió percatarse de todo el historial del empresario mexicano en Panamá, antes de constituirlo en un delito o un posible denunciado, violando sus derechos fundamentales, como lo es la presunción de inocencia; también se vulneró su vida privada, al incautarle todos sus bienes que ha logrado en la ciudad de Panamá.
Morales Puello señaló que con la denuncia se pretende acreditar los actos de corrupción por parte de los funcionarios mencionados, que en lugar de impartir justicia, se han dedicado a enriquecerse de manera ilícita, perjudicando a gente respetable que ha forjado su patrimonio a base de trabajo y esfuerzo. «La violación de derechos humanos en este país se ha convertido en una cuestión cotidiana por los fiscales y por los entes de investigación, ya que sí pones la denuncia en Panamá, no pasa nada», fustigó el penalista.
Afirmó que las empresas de su cliente trabajan en la creación de software que no requieren ser registrados en Panamá porque son online, sin embargo los fiscales no entienden de razones y han actuado de una manera totalmente parcial, en una investigación que ni ellos mismos entienden.
Ante los medios de comunicación, el litigante manifestó que iniciarán una investigación seria, apegada a derecho, con dos abogados, uno de derechos humanos y otro penalista internacional, «porque no puede ser posible que a tí te violen tus garantias fundamentales, te investiguen por una causa amañada y realicen una investigación interna, cuando los bienes del empresario son de fuente extranjera», acotó.
«Los fiscales son una cofradia, es el pecado que tiene el Ministerio Público, donde se tapan sus fechorías unos a otros, por eso buscamos el equilbrio de la justicia, y para eso se recurrirá a otras instancias internacionales, porque en Panamá no se va a conseguir la justicia que se pretende», concluyó.
