Demandan a Laura por el ‘basuragate’
Por Rafael Santiago > Quequi
El abogado de la “Cooperativa de Servicios y Comercios Recolectores de Desechos Sólidos y Líquidos” (Redesol), Miguel Vargas Díaz, indicó que ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desacato en que ha caído Laura Beristain en el Ayuntamiento de Solidaridad, por burlarse de la justicia de la Federal y consumar un fraude contra la impartición de justicia.
Explicó que en esta demanda se denuncian delitos que contravienen la Ley de amparo, por abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, al no tomar en cuenta de parte del Ayuntamiento todas los mandatos de la autoridad e impedir la reanudación de labores con todas sus legales consecuencias.
En el documento entregado a las autoridades federales se destaca “la falsedad y omisión con la que se conduce el Ayuntamiento, el presidente y tesorero, representado, ya que menciona un hecho falso al expresar que han cumplido con la sentencia” ..y omiten mencionar ante el juez de distrito sus reales intenciones que son: impedir la reanudación del servicio de concesión… en forma por demás ilícita han pretendido obstruir el cumplimiento de la sentencia y revocar el contrato de concesión, así como han otorgado arrendamiento a otra sociedad de servicio de recolección de basura… resulta obvio el actuar ilícito, pues ha incumplido los lineamientos de la ejecutoria federal evadiendo con esto la cosa juzgada, con el pretendido afán de burlarse de la justicia de la Unión y consumar el fraude en contra de la impartición de justicia.”
El abogado justifica estos pasos más severos, al argumentar que ya se pasaron las multas, si ellos insisten en lo mismo, puede valorar la sala constitucional el separar de su cargo a Laura Beristain Navarrete y al tesorero, con independencia de las posibles conductas de carácter penal que se suscitaran. También se han interpuesto demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción, para que se proceda contra la edil.
También dio a conocer que el 28 de agosto, en el expediente SCA/A/115/2014 el magistrado Juan García Escamilla, de la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia, ordenó que ya no se siga dando vueltas al asunto y se dé cumplimiento a la sentencia definitiva; “es necesario que acredite el total y cabal acatamiento de la sentencia definitiva que condenó a las autoridades demandadas a reanudar el contrato de concesión”, refiriéndose a Redesol.
Lo primero de la sentencia que decreta la sala constitucional y administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es que en el resolutivo del 9 de enero del presente año, “condena a la autoridad demandada (Ayuntamiento de Solidaridad), la reanudación del contrato de concesión”. Según la determinación judicial desde inicio de este año debería estar Laura Beristan pagando a Redesol por la recolección de basura.
Lo segundo, continuó, es que se actualice la tarifa a la fecha actual. La tercera es que se dejen insubsistentes todos los contratos que se hayan suscrito con compañías diversas a Redesol, en la que la resolución de la Sala Constitucional y Administrativa del TSJ anota en forma clara que “se le reinstale para su reanudación de servicio y a que se deje sin efecto cualquier contrato o compromiso adquirido respecto a la recolección y traslado de residuos.”.
Ellos tenían que basarse en estos lineamientos y cumplirlos cabalmente. Resalta en entrevista que se tiene que cumplir con el resolutivo de la Sala Constitucional y Administrativa, que ordena el 27 de mayo que “al cumplir la sentencia definitiva, las autoridades demandadas deben ineludiblemente actualizar el monto a pagarle a la parte actora, conforme a lo previsto… en las cláusulas del contrato de concesión a reanudar.”
Indicó que no se tenía que llegar a tanto, pero que la negligencia del Ayuntamiento, que primero provocó multas, después se iba a destituir al presidente municipal y al tesorero. Así que hacen como que cumplen para tratar ganar tiempo. Han llegado, comentó, a mencionar que la mayoría de ellos no tenían conocimiento de todo el procedimiento legal, pero todo fue notificado adecuadamente y muchos oficios incluso fueron atendidos. Pero en lugar de cumplir buscan, enredar el asunto con acciones leguleyas.
Llegaron al extremo, dijo el defensor de Redesol, en medio de todo este proceso de cumplimiento de sentencia, interpusieron un procedimiento de revocación y no conformes con ello, celebraron un contrato con Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V (PASA), cuando era una de las cuestiones que se les prohibía por el TSJ. El abogado se refiere a un megacontrato de asignación directa AD/061/2019, por un monto de 271 millones de pesos con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) y otras que bien pueden ser prestanombres de las autoridades que conforman un grupo VTM del Golfo, SAPI y SOFON. Todo esto con la complicidad de Marciano Peñaloza Agama, René Medrano (flamante asesor ahora sustituido en dirección jurídica por José Ángel Durán Desiga), el síndico Omar Hazel Sánchez Cutis, el regidor Elio Lara Morales, compañero de la hermana de la edil, Luz María, sin dejar de lado a su hermano Juan Carlos, quien está acusado de pederasta y la mayoría de los regidores. Todos unidos en un gran escándalo conocido como «basuragate».
Explica Miguel Vargas que a la empresa que representa la invitan a reanudar, pero no establecen en dicha invitación la actualización de precios a las fechas actuales, no acreditan por ningún medio que han cancelado los contratos con terceros, no cumplen con el pago a Redesol desde enero a la fecha como lo ordena el TSJ, y anota ahí que si tienen que pagar doble por ineficiencia, tendrán un doble problema porque se perjudica al erario municipal.
Y es que en pleno juicio y despreciando las determinaciones del TSJ a favor de Redesol, se realizó el arrendamiento el 21 de junio de este año, en contrato con dos empresas, la primera es una sociedad mercantil compuesta Grupo VTM del Golfo, SAPI de C.V., SOFOM, ENR y la segunda Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. (PASA). El monto del contrato se pagará en tres etapas, en la primera que abarca lo que resta del año, se entregará un máximo de 60 millones 286 mil 740 pesos. En la segunda, todo el 2020, se pagarán 120 millones 573 mil 81 pesos. La tercera, en lo que reste del gobierno en el 2021, se les entregarán 90 millones 430 mil 11 pesos. Con un ajuste inflacionario de un 8% anual. El total de este contrato es de 271 millones 289 mil 832 pesos, el más grande que haya realizado hasta ahora la cofradía Beristain.
El contrato se hace público por la exigencia de los regidores y se coloca en la página de Transparencia, con un pequeño detalle faltante: el anexo 1. Dentro del contrato se le menciona en varias ocasiones, pero no se muestra, porque no existe o es completamente leonino y les da vergüenza darlo a conocer. Y es que en ese documento se detallarían las reglas operativas y cuantitativas, los incisos y cláusulas, que además debería de estar debidamente autorizado con las firmas de los responsables que van desde la presidenta, el tesorero, oficial mayor y director jurídico, por citar algunos. Hasta ahora este documento está desaparecido, sin que ningún funcionario levante la voz para por lo menos deslindarse de un fraude de dimensiones inconcebibles.
