Huelen a cárcel por ‘basuragate’

Por Rafael Santiago y Yesenia Barradas

Los regidores del Ayuntamiento de Solidaridad piden las cabezas de los responsables del “basuragate” y exigen que la Contraloría Interna y el Sistema Estatal Anticorrupción tomen cartas en el asunto y se castigue con todo el rigor de la ley, así como también, dan nombres de los cuatro malosos que pudieran ponerse tras las rejas: Alfredo Miguel Paz Cetina, secretario general; René Arturo Bayardo Medrano Ríos Domenzaín, director general de Asuntos Jurídicos; Manuel Gerardo Ylisaliturri Blanco, ex director de Asuntos Contenciosos y el asesor que se ufana de ser el verdadero edil, Marciano Peñaloza.

La mayoría de los integrantes del Cabildo están cansados de ser ninguneados, y se enteraron de todo el embrollo gracias a la sentencia dictada el 9 de enero por el Tribunal de Superior de Justicia (TSJ), que exigió la participación de regidores en el caso de la restitución del convenio de recaudación, transporte y almacenamiento de basura a Redesol. Apenas ahí se pudieron enterar de todo el fraude que en lo oscurito realizaba el Ayuntamiento con la venia de la presidenta municipal Laura Beristain, quien desde que “Tu Periódico Quequi” destapó la cloaca, se encuentra escondida y ya no asiste al Palacio Municipal.

Aunque lograron salvarse de que la Sala Constitucional del TSJ desapareciera poderes por el desacato en que habían caído porque lograron entregar los requerimientos a última hora, el Ayuntamiento parece muerto. Hay un olor nauseabundo, aunque no se reconoce oficialmente el deceso porque nadie le ha hecho una autopsia. Las cajas del estacionamiento vacías dan una imagen de abandono, de que algo se pudre además de la basura con la que han hecho los grandes negocios toda la familia Beristain, Laura, Luz María y Juan Carlos, por más de 270 millones de pesos.

Desde muy temprano se hizo la denuncia pública por parte de los regidores inconformes de varios partidos políticos. Entre ellos Vladimir Montejo Campos IV regidor; Samaria Ángulo Sala X regidora; Fabiola Ballesteros XII regidora; Luz Elena Muñoz Carranza VII regidora, Verónica Gallardo III regidora, Gustavo García XIII regidor, José Francisco Berzunza Dajer VIII regidor y  Carlos Guerra VI regidor, que insisten en que por su papel de vigilantes de los intereses de sus electores, realizarán las denuncias correspondientes, y por tanto aportan las pruebas necesarias para que se castigue a los funcionarios que han provocado un caos en el gobierno municipal de Solidaridad.

Y aunque esto se ventila apenas, la inconformidad se realizó espontáneamente en plena Sesión de Cabildo. Ahí Luz Elena Muñoz y Verónica Gallardo, hicieron la moción para que se suspenda a todos ellos. Reconocieron que los regidores no pueden tomar decisiones ejecutorias, pero piden que se intervenga y que se separen del cargo mientras se continúan con las investigaciones que han manchado al Ayuntamiento y a todo el cuerpo colegiado. Explicaron que Laura Beristain no puede sustraerse, ella sabía perfectamente desde que firmó el contrato del Ayuntamiento  con otras empresas el 21 de junio, le notificaron las multas, el mismo Peñaloza asegura que desde mayo le dijo y a los regidores nadie los tomó en cuenta.

Para la regidora Samaria Ángulo Sala, el panorama es difícil, toda vez que hubo «omisión» por parte de las direcciones encargadas del tema jurídico, «que pusieron en riesgo al cuerpo colegiado del Cabildo, porque los regidores pudieron caer en desacato».

«Hay que reinstalar a la empresa y pagarle, dinero que no se tiene presupuestado y replantar el presupuesto y ver de dónde se reducen acciones importantes programadas para cumplir con el pago, más los problemas que surgen por los contratos con PASA, que ellos no se van a quedar con los brazos cruzados, pueden demandar o llegar a una negociación quizá en lo oscurito, como se ha hecho, pero quienes van a pagar los platos rotos, son los ciudadanos porque es dinero del erario público», lamentó.

Por su parte, los regidores panistas Fabiola Ballesteros y Gustavo Utrera García,  expresaron también su preocupación por el tema de Redesol y PASA, toda vez que ni siquiera han tomado en cuenta que el máximo órgano de un municipio es el Cabildo, por lo que exigen que se esclarezcan los hechos en torno a este asunto y caiga quien tenga que caer.

Y es que, pese a que la sentencia se hizo efectiva el 15 de marzo pasado, todavía se aprobó un aumento al rubro “Servicios de Arrendamiento”, por 59.5 millones de pesos, en un contrato que se concretó en junio con la renta de 27 camiones de PASA y VTM del Golfo, en lo cual se erogarían en promedio ocho millones de pesos cada mes.

Los ediles pidieron la separación del cargo del director Jurídico, René Medrano, director general de Asuntos Jurídicos, así como del secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, Alfredo Paz Cetina; del abogado Marciano Peñaloza y del responsable del área de Litigios, Manuel Ylizaliturri, a quienes señalase estar involucrados en ocultar que la empresa que demandó en 2012, debería ser reinstalada por la sentencia de un juez emitida el pasado 9 de enero.

De igual manera, los regidores José Francisco Berzunza Dajer y Vladimir Montejo aseguran que  llevarán el tema a la Contraloría Municipal y que caiga quien caiga se tiene que hacer justicia para enderezar el barco.

En su opinión, los funcionarios involucrados  habrían atendido insatisfactoriamente la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y firmado otro contrato cuando el mismo mandato judicial prohibía eso.