Necesaria una regulación en el servicio de grúas

CANCÚN

Por Blanca Silva › Quequi

En medio de una campaña publicitaria negativa en Quintana Roo, la aseguradora Quálitas alzó la voz para pedir a la XV Legislatura del Congreso del Estado sacar de la congeladora la iniciativa para regular el servicio de grúas en la entidad y transparentar los roles de sus unidades y tarifas, cuyo monto ha elevado el costo de las pólizas de vehículos a los asegurados pues llegan a rebasar incluso el valor de la reparación o de la unidad.

En conferencia de prensa, directivos de la aseguradora respaldados por el Centro Empresarial de Quintana Roo (Coparmex Cancún) que preside Adrián López Sánchez, revelaron que el costo de las maniobras de arrastre y salvamento puede representar un aumento de hasta cinco veces el precio real, lo cual ha elevado el monto de la siniestralidad en la entidad en perjuicio de los asegurados al elevar el costo de las pólizas.

Agregaron que esta situación provoca también que para muchos automovilistas sea casi imposible recuperar sus unidades, pues el costo de las maniobras de arrastre y salvamento rebasan el valor de la unidad, lo cual representa una pérdida económica fuerte cuando se trata de vehículos comerciales, lo cual generó un sinnúmero de quejas de los usuarios del servicio.

Lo anterior, denunciaron, ha derivado en una campaña negativa en contra de la empresa por parte de una compañía en particular, tras incumplir el contrato que en su momento la aseguradora firmó con las empresas dedicadas a la prestación de este servicio en un intento por frenar los elevados costos en favor de sus asegurados y garantizar una atención oportuna a los mismos.

Por ello, revelaron que ya están en marcha sendas denuncias en contra de dicha empresa, cuyo nombre se negaron a revelar por la secrecía de las investigaciones, pero adelantaron que una de ellas se centra en el daño moral provocado por la publicidad negativa contra la aseguradora presentada por segundo año consecutivo en redes sociales y espectaculares, debido también al uso indebido a una marca registrada con patente.

En este marco, hicieron un llamado a los dueños de los espectaculares a retirar los anuncios antes de que avance la demanda y puedan ser corresponsables de los delitos imputados al responsable de la campaña negativa, que viola la ley que regula la propiedad industrial pues la marca sólo puede ser utilizada por el propietario.

De esta manera, los directivos de la aseguradora encabezados por el director Jurídico de Quálitas, Gerardo Aramburú, desmintieron la campaña negativa emprendida por una empresa para ejercer presión con acusaciones contra la compañía, que en 2018 decidió suscribir convenios con diversas empresas de grúas en un intento por mantener la cordialidad y sanas prácticas, dando un anticipo por el servicio que el proveedor ha sido omiso en cumplir.

Agregó que esta situación ha derivado en una demanda de la aseguradora contra la empresa de grúas para dar por terminados los convenios y exigir el cumplimiento de lo pactado, a lo que se sumaría otra por el delito de extorsión de un proveedor al fijar reglas pidiendo dinero en depósito y que se vaya devengando en servicios.

Adicionalmente, revelaron que han enviado correos y realizado llamadas para exigir dinero para permitir que la operación se haga como el permisionario decida en perjuicio también de otras compañías, por lo cual decidieron acudir a las instancias legales correspondientes en espera de que cesen las hostilidades.

Ante este panorama, el director Jurídico de Quálitas, Gerardo Aramburú, reiteró el llamado a las autoridades estatales para que impulsen un marco regulatorio que erradique los abusos en los servicios de arrastre, maniobra y corralón, a fin de garantizar el estado de derecho para habitantes y turistas, para lo cual pidió también la intervención del Ayuntamiento de Benito Juárez para revisar las concesiones en el ámbito de su competencia, así como del enlace del gobierno federal en Quintana Roo para que revise la situación.

En este contexto, el subdirector de Quálitas relacionado con el trabajo de las grúas, Juan Carlos Suárez, detalló que la afectación de la empresa a los usuarios abarca daños y faltantes al vehículo asegurado, la retención de unidades cuando son vehículos de trabajo y la falta de claridad en la zona respecto a los proveedores que tiene, sus permisos y roles de guardia, lo cual complica la firma de convenios con proveedores regularizados.

A lo anterior, indicó, se suma la imposición por parte de algunos prestadores de servicios sobre las condiciones de trabajo y costo, lo que complica la oportunidad de diálogo y negociaciones con los proveedores y limita la competencia respecto a un costo y servicio de calidad para los asegurados, Por ello, puntualizó, que ya interpusieron una queja ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el abuso de los proveedores, que es un tema focalizado en la empresa con la que suscribieron el convenio. De igual forma, decidieron cerrar filas con los organismos empresariales.