Habrá Fiscal “importado”
Por Mayra Cervera Quequi
Con el respaldo de ocho de los once ayuntamientos y la asistencia de 16 de los 25 diputados locales, la XV Legislatura reformó la Constitución Política del Estado para eliminar la residencia mínima de cinco años para quien aspire al cargo de Fiscal General del Estado.
Los cabildos que votaron a favor de la reforma fueron Isla Mujeres, Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, mientras que Benito Juárez, Othón P. Blanco y Bacalar, rechazaron la reforma.
Los diputados que no asistieron fueron Emiliano Ramos Hernández, Juan Carlos Pereyra Escudero, Carlos Mario Villanueva, Leslie Hendricks Rubio, Candelaria Ayuso Achach, Silvia Pech, Tyare Scheleske, Santy Montemayor y Teresa López Cardiel.
La minuta proyecto de decreto aprobado por el que se reforman la fracción II y los párrafos primero y cuarto del inciso a), del apartado A, y el párrafo tercero del apartado D; y se deroga el párrafo segundo del inciso a) del apartado A; del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial y será hasta entonces cuando la Legislatura contará con un plazo de diez días hábiles para iniciar el procedimiento de designación de Fiscal General.
La cual será integrando una lista de candidatos aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la XV Legislatura.
Con la reforma, se eliminó el requisito de oriundez y residencia y se estableció que, además de ser ciudadano mexicano por nacimiento, las personas interesadas en ocupar el cargo de Fiscal General deben contar con residencia en el país.
De igual manera se especifico que para el caso del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, sí será exigible el requisito de ser oriundo o residencia mínima de cinco años en la entidad.
También se homologará el procedimiento de integración de la lista de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, al previsto en la Constitución Federal, eliminado la disposición que establecía que la presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará a los grupos parlamentarios para que presenten hasta dos propuestas para el cargo.
Lo que abrirá el procedimiento a las organizaciones de la sociedad civil y de profesionistas, según determinen los integrantes de la Legislatura.
El fiscal general del Estado será nombrado en el transcurso de la primera quincena de noviembre.
Sin embargo de acuerdo a algunos diputados, la iniciativa no es posible equiparar el caso del nombramiento del Secretario de Seguridad Pública con los criterios para el nombramiento del Fiscal, pues el primero es una facultad exclusiva del Ejecutivo pero en el segundo, tiene responsabilidad también el Legislativo, quién, como ámbito de la representación popular local, ha de velar por la vinculación jurídico-política del Fiscal con la entidad federativa.
Y que en el nombramiento del Fiscal General debe potenciarse y efectuarse al amparo del cumplimiento expreso de la Constitución pues su legalidad y trascendencia no puede estar sometida al escrutinio social bajo un señalamiento de violación constitucional.
