Blindarán los comicios
Por Blanca Silva>Quequi
En espera de descubrir quiénes fueron los instigadores del turismo electoral en Yucatán y Quintana Roo durante los últimos procesos electorales, que derivó en 700 consignaciones en el estado y casi 300 órdenes de aprehensión vigentes en ambas entidades, cuya primera emisión provocó 107 demandas de amparo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) suscribió el Programa de Trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana.
De esta manera, se busca tener mayor cobertura en el conocimiento de posibles hechos delictivos e impulsar la cultura de la denuncia para ejercer las acciones necesarias para inhibir este tipo de prácticas que lesionan a la ciudadanía, al “maicear” la pobreza a través del condicionamiento de programas sociales a la compra de votos, pues diferentes gobiernos han generado conductas para obtener créditos electorales a partir de esta práctica.
Para ello, se busca vincular a la sociedad civil con las autoridades, dar un mensaje de coordinación y de colaboración de forma apartidista para combatir esas prácticas que inciden en la calidad de los procesos electorales en México, a fin de construir una ciudadanía crítica y participativa en temas electorales a través de la denuncia de conductas que afectan la equidad en la contienda, al no respetar el carácter del voto libre y la voluntad de los ciudadanos.
Lo anterior forma parte del blindaje del proceso electoral del 2018, para el cual la FEPADE trabaja con el INE para detectar oportunamente movilizaciones masivas de personas y con ello nuevos casos de turismo electoral.
Cabe destara que el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que tienen en proceso de investigación varias denuncias por el desvío de recursos por parte de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de otra por el Artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, de las cuales declinó proporcionar mayores datos hasta que se ejerza acción penal en contra de los involucrados.
Sin embargo, adelantó que los delitos serían por peculado electoral y financiamiento ilícito en campañas, en este caso de Mauricio Góngora, pues no se deben recibir recursos de procedencia ilícita ni en dinero o especie cuando hay una prohibición legal para que estados o municipios aporten recursos a las campañas, ni siquiera con la retención de salarios o contratación de empresas fantasmas.
