Corruptos no se dejan atrapar: Pech

CANCÚN

Por Mario Morales Cruces > Quequi

Pese a que la Fiscalía General del Estado cuenta con órdenes de aprehensión en contra de 12 exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, solo uno de ellos ha pisado una celda, pues como justifica el titular de este organismo, Miguel Ángel Pech Cen, los implicados “no se dejan atrapar”.

La dependencia estatal de procuración de justicia judicializó en fechas pasadas el expediente 151/2017, instruido en contra de Roberto Borge Angulo, ante los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, a través del cual, el pasado 28 de junio, solicitó órdenes de aprehensión en contra del propio exgobernador y otros 11 colaboradores de primer nivel del pasado Gobierno del Estado, acusados de aprovechamiento ilícito del poder y de desempeño irregular de la función pública.

Esta fue resuelta en sentido afirmativo por el juez, para la totalidad de los casos, incluido la del exgobernador, aunque para entonces ya habían pasado tres semanas desde que Borge Angulo fue detenido en Panamá, producto de una orden de aprehensión de origen federal.

De los 11 exfuncionarios restantes, el primero y hasta hoy único detenido por esta carpeta ha sido Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, exgerente de la aerolínea paraestatal VIP Saesa. Su captura tuvo lugar en la capital del estado el pasado 4 de julio, seis días después de que fuera girada la orden de aprehensión.

De los restantes, falta en primer lugar Mauricio Góngora Escalante, ex candidato a la gubernatura y ex presidente municipal de Solidaridad, pero también ex secretario de Hacienda con Roberto Borge Angulo, de 2011 a 2013, donde se presume tiene responsabilidad en los desvíos de recursos ocurridos a través de empresas fantasmas.

En igual situación se encuentra Juan Pablo Guillermo Molina, sucesor de Góngora Escalante en la renombrada Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien recibió la contraprestación de mil millones de pesos por parte de Aguakan por privatizar el servicio en Solidaridad, recursos que se desaparecieron. Se sospecha se dio a la fuga, pues el mes pasado faltó a la audiencia de amparo que solicitó.

También cuenta con orden de aprehensión Fernando Escamilla Carrillo, extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, a quien le tocó la poco grata tarea de defender la administración anterior en sus últimos actos, como en la inauguración de la avenida Guayacán (licitada ficticiamente entre razones sociales que eran la misma empresa) o en la apertura del malogrado “Auditorio del Bienestar”, hoy un elefante blanco por carecer de las condiciones necesarias para albergar un evento.

Figura igualmente el antecesor de Escamilla, Mario Castro Basto, quien fuera destituido entre acusaciones de desvío de recursos y exigencia de “diezmos”. De allí y de coordinar las “Brigadas del Bienestar” del gobernador, pasó a la subgerencia de Diconsa, cargo del que también fuera separado en medio de un escándalo, al revelarse la pérdida de grandes cantidades de alimentos.

Otros integrantes del gabinete de Roberto Borge con órdenes de aprehensión son Román Quian Alcocer, expresidente municipal de Solidaridad y exdiputado local que pasó a ocupar la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedari) y posteriormente la secretaría de Gobierno.

También figura en el listado Gabriel Mendicuti Loria, igualmente exalcalde playense y exsecretario de Gobierno, al que se romoreaba seguía activo en la política, tratando primero de obtener una candidatura con Morena y posteriormente pretender la presidencia estatal del PRI.

Otro funcionario que permanecía activo es Erce Barrón Barrera, ex gerente de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), quien hace menos de un mes renunció a su cargo en el API de Mazatlán, presuntamente por tener orden de aprehensión. Desde su cargo, fue cómplice en la puesta en operación de la empresa “Barcos Caribe” de Roberto Borge Angulo, operada a través de prestanombres y con recursos de procedencia desconocida.

En la categoría de encubridores está además Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, quien fuera secretario de la Gestión Pública y que se dedicó a archivar todas las denuncias e irregularidades cometidas en el anterior gobierno.

Otro presunto solapador es Víctor Hugo Loyola Corona, procurador fiscal de la Sefiplan, que además formó parte del comité de adquisiciones de VIP Saesa, empresa que realizó millonarios pagos injustificados para la renta de 22 aviones.

También deberá justificar millonarios desvíos Luis González Flores, tío del senador Félix González Canto y extitular de la Sedari, donde junto a Germán Parra López se estima se extraviaron 5 mil millones de pesos en apoyos agrícolas.

Aunque todos los antes mencionados cuentan con orden de aprehensión, ya que el juez consideró que existen suficientes elementos para que así proceda la autoridad, hasta el momento, gozan de libertad, ya sea con amparos o prófugos.

Esto parece tener frustrado al fiscal Miguel Ángel Pech Cen, quien al ser cuestionado al respecto en una entrevista por un medio digital local, visiblemente nervioso afirmó que falta que se “dejen atrapar”.

“Como es bien sabido por la sociedad de Quintana Roo, estamos atendiendo todas las carpetas de investigación que iniciaron y hay órdenes de aprehensión libradas, hay órdenes de aprehensión ejecutadas”, comentó. “Hace falta, pues, que también los delincuentes se dejen atrapar”, añadió, soltando una risa.