Bajo la lupa, residencias de exfuncionarios de Borge
Por Sergio López Lara > Quequi
Autoridades de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), continúan investigando propiedades de exfuncionarios de la pasada administración gubernamental, y durante el fin de semana, la zona residencial exclusiva conocida como “Andara”, fue supervisada, filmada y fotografiada, donde se encuentra una de las viviendas que le pertenecían a la hoy prófuga de la justicia, Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE).
Elementos de la SEIDO siguen investigando a exfuncionarios de la pasada administración de Roberto Borge Angulo, supervisando propiedades que adquirieron de manera ilícita en zonas residenciales con alta plusvalía como lo son: Campestre y Andara, en Chetumal, donde cada uno de estos bienes inmuebles por lo menos tienen un costo de dos millones de pesos, al ser una lugar exclusivo con vigilancia y privacidad las 24 horas.
Los datos señalan que entre los afortunados se encuentran el exgobernador del estado y actual senador, Félix González Canto, además del extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, así como la extitular del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, además de varios de sus excolaboradores.
Increíblemente, también está en esta lista el exdirector de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, quien recientemente fue destituido como administrador del puerto de Mazatlán, debido a que es investigado por administración fraudulenta y otros delitos.
El fraccionamiento Andara, uno de los más exclusivos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, se ha vuelto blanco de investigación por parte de autoridades federales, debido a que no se descarta la posibilidad de que en este asentamiento pudieran haberse instalado gente relacionada con el narcotráfico y delincuencia organizada, debido a que difícilmente un ciudadano común y corriente, según la SEIDO, pudiera haber adquirido un inmueble con un valor superior a los dos millones de pesos, ya que cuenta con vigilancia privada, canchas de tenis, futbol y albercas a donde pocos tienen acceso.
