Sale ‘Rey de los Dragones’; entrega jet y dls. 5 millones

Tras declararse culpable de lavado de dinero, Luis Carlos Castillo Cervantes, «El Rey de los Dragones», fue liberado en Texas y llegó a un acuerdo con las autoridades, a las que cedió un avión, 5 millones de dólares, automóviles, motocicletas, centenarios y diamantes.

Esos bienes y el dinero fueron confiscados después de que Castillo, que en Nuevo León realizó obras de recarpeteo y pavimentación para las administraciones de los priistas Natividad González Parás y Rodrigo Medina, fue detenido el 9 de noviembre, en Mission.

Se trata de un Learjet 45XR, modelo 2008, matrícula N135CG, dos motocicletas, seis vehículos, una cuenta bancaria por 5 millones de dólares, 33 mil 981 dólares en efectivo, 75 centenarios de oro y tres diamantes. De los vehículos decomisados, cuatro son de lujo, uno deportivo y otro sedan.

Aunque el acuerdo tuvo lugar el 3 de enero, después de su liberación bajo fianza, fue hasta esta semana que se dieron a conocer los términos de su acuerdo.

Incluso, el Learjet fue subastado en 2 millones 800 mil dólares el pasado 26 de mayo. Desde el momento de la incautación, en noviembre de 2016, ha requerido de servicio limitado, que se le ha realizado a la aeronave para mantener la operatividad. «Los motores se han puesto en marcha y funcionan en un 80 por ciento», informó la empresa CWSAMS, previo a la subasta. Agregó que la aeronave fue probada como taxi aéreo.

Castillo es señalado de conspirar para lavar el producto de un fraude bancario y estar relacionado con sobornos a funcionarios, así como por la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos.

En enero, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Texas informó que al menos 4 gobernadores mexicanos recibieron sobornos de su parte. Además de haber estado ligado a González Parás y Medina, se le vincula con los ahora ex mandatarios Humberto Moreira y Jorge Torres, de Coahuila; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y Amalia García, de Zacatecas.

Castillo aún se encuentra en espera de ser sentenciado en Estados Unidos, donde podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión en una cárcel federal.

(Reforma)

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