Ventila agente la corrupción de políticos
Por Rafael Santiago>Quequi
Juan Felipe Martínez, el hombre que destapó la corruptela de prestanombres de Roberto Borge con la doble venta de 25 hectáreas de Bahía Petempich en millones de dólares, incluido el sanguinario intento de ejecución de uno de los compradores, accede a una entrevista exclusiva en las instalaciones del diario Quequi.
Sus investigaciones culminaron con la detención que realizó la Oficina Central Nacional de Interpol España y la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal y la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR en el Café Oriente, ubicado en Plaza Oriente 2, Madrid, contra los españoles José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo, representantes legales de la empresa Servicios Azco S.A. de C.V., que realizó el megafraude con la colaboración de Carlos Lima Carvajal, quien era director del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo.
El peruano-americano, responde con la tranquila firmeza que le da el haber estado con el ejército americano en la primera guerra del golfo, en la invasión de Haití, en acciones de seguridad nacional como agente encubierto todo el mundo, participando con el Mossad, comprando armas rusas en Nicaragua, como agente de inteligencia en Venezuela, también agente de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), en las oficinas del consulado de Ciudad Juárez, una de las más violentas de México, y desde el 2015 dedicado a su compañía privada de investigaciones especiales con sede en Miami.
¿Cómo puede Estados Unidos ayudar para combatir la impunidad de los corruptos, el cínico saqueo de un estado o un país?, se le pregunta. Y responde: poco se puede hacer porque a cada país le corresponde realizar lo propio para evitar estas situaciones.
Sin embargo, observa una pequeña rendija desde la cual se pueden realizar investigaciones de sus descomunales inversiones inmobiliarias o lavado de dinero en paraísos fiscales. Por ahí se puede indagar el saqueo de los presupuestos y en los negocios sucios relacionados casi siempre con los narcos. Se puede dar alerta roja a nivel mundial o por lo menos cancelarle los pasaportes, como me han dicho que ha pasado con varios integrantes de la pasada administración de Roberto Borge Angulo, al que por cierto muchos ubican en Centroamérica, especialmente en Panamá, aunque con intenciones de viajar a Líbano.
Recuerda que hay muchos políticos de todos los niveles, involucrados en actos turbios. Y no es de ahora. Por ejemplo, en la primera fuga del «Chapo» Guzmán, el 19 de enero de 2001, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, era director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
Su director adjunto de penales federales era Enrique Pérez Rodríguez, que vale anotar que se visitó Puente Grande para reunirse con «El Chapo» un día antes de la fuga del narcotraficante. Esto le valió que el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, presentara denuncia por delitos de evasión de reo, cohecho y delincuencia organizada. Nada se hizo, fue exonerado y premiado, al colocarlo como secretario del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, donde es presidente municipal Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Yunes Linares. No se castigó a Pérez, ni a Yunes, ni a Peña Nieto.
El círculo delincuencial empieza desde arriba, se le cuestiona, y tiene como freno el que a los presidentes de México, por ley, no se les pueda acusar de corruptos ni meter a la cárcel. Y menciona que precisamente, hace unas semanas, Yunes amenazó con hacer público un escándalo que sacudiría al país y no hizo nada, pero extrañamente a raíz de esa amenaza que sonó a chantaje, cambiaron positivamente sus relaciones con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pondera que con la detención del que quería quedarse como cabeza de la mafia de «El Chapo», Dámaso López, se abre la posibilidad de investigación más amplia contra malos políticos mexicanos. “No se van a centrar en los cargamentos, sino en su estructura política. Cuando empiece a mencionar a los que están activos o retirados, se van a citar a todos los que estén involucrados en actividades criminales”. Sumado a su intención de declarar todo lo que sabe de las cañerías sucias del poder, hay que resaltar que ello ayudará mucho a uno de los fiscales americanos más importantes, Arthur Wyatt, quien está convencido de que para frenar el amasamiento de exorbitantes fortunas ilícitas, se tiene que levantar la mirilla y no solamente rastrear las rutas del narcotráfico, sino atacar directamente a los que desde el poder político dan la orden, los solapan.
Toda investigación es guardada uno dos años, hasta que se tengan resultados. Hay secrecía, pero hay que tener en cuenta que el mismo presidente Donald Trump, quiere convertirse en el primer mandatario que extradite a un presidente de la República, que puede ser Calderón o Peña Nieto, el mismo Fox. Pero hay que esperar a que la fiscalía haga lo suyo, porque independientemente de las filias o fobias del mandatario, las instituciones responsables son las que darán los primeros pasos.
Se nota que hay una nueva política con la extradición de gobernadores. La detención de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en Florencia, Italia, por narcotráfico, lavado de dinero, fraude y otros delitos; la captura de Édgar Veytia (fiscal de Nayarit), en San Diego, California, por tráfico de drogas; las detenciones del círculo cercano de Humberto Moreira y la extradición previa del “Chapo” Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, a Estados Unidos, pueden ser la muestra de las presiones para combatir el narcotráfico y la corrupción en México.
Actualmente se pone el acento en las actividades de Roberto Borge y Félix González Canto. quien, por ejemplo, aparte de ostentar los lujos, derroche y joyas, tiene el 85% de las acciones de una escuela militar de élite en Atlanta, Georgia. Y Borge hasta quiso comprar una isla en San Pedro por diez millones de dólares en efectivo. Y muchos del dinero de ellos, que están en los Estados Unidos le pertenece al pueblo de Quintana Roo.
En la misma sintonía, afirma, está el procurador norteamericano, Jeff Sessions, quien describió a los Zetas en una gira que realizó el año pasado por Nogales, Arizona como seres violentos que “convierten las ciudades y los suburbios en zonas de guerra, que violan y matan a inocentes y que se benefician con el veneno del contrabando y de otros seres humanos en nuestra frontera”.
Con base en ello se llena de optimismo para lograr cambios que permitan una mayor justicia. Generoso con los archivos que ha acumulado a lo largo de su experiencia, ofrece importante información que se verificará para poderla publicar más ampliamente y con mayor sustento.
