Ya alistan la ‘ratonera’ para 17 borgistas
CHETUMAL
Por Mayra Cervera y Sergio López > Quequi
Policías ministeriales ejecutaron ayer por segunda ocasión una orden de aprehensión en contra de un exfuncionario ligado a la administración de Roberto Borge Angulo, al detener a Paulina García Achach, quien fuera encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). La acusada fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, donde permanecería por ocho horas antes de recibir la libertad bajo caución, otorgada a cambio de una millonaria garantía.
Apenas el viernes se apresó a Mauricio Rodríguez Marrufo, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, quien en el sexenio de Borge fue titular de la Seduvi. La orden, otorgada por el juez segundo de lo penal de Chetumal, se desprendió de la carpeta 88/2017, abierta por el delito de ejercicio irregular de la función.
La misma orden fue la usada para detener ayer a Paulina García Achach, subsecretaria de Vivienda de Seduvi desde 2015 (cargo al que llegó por ser secretaria particular de Roberto Borge Angulo), aunque en agosto de 2016 sucedió en el cargo a Mauricio Rodríguez Marrufo, cuando éste emigró al equipo de transición del ayuntamiento electo de Benito Juárez.
La Fiscalía General del Estado acusa a ambos de haber realizado descuentos indebidos en la venta de terrenos públicos, entre un 20 y un 90%, a gente allegada al ex gobernador del estado. Estas operaciones significaron una pérdida para las arcas de 39 millones de pesos.
La orden de aprehensión era la misma, pero las detenciones distaron mucho. Rodríguez Marrufo fue detenido sorpresivamente el viernes durante un evento público en la Zona Hotelera de Cancún y llevado a Chetumal para ser recluido en el Cereso. Aunque el delito acusado no es grave, se le negó libertad, como medida cautelar, debido al elevado daño patrimonial señalado.
En cambio, Paulina García Achach prácticamente se entregó voluntariamente, al acudir a declarar ante los Tribunales Orales de la capital del estado, sin el beneficio de un amparo. Después de cumplir su cita, fue interceptada por policías ministeriales en el estacionamiento de este edificio y trasladada al Cereso, a eso de las 10:30 horas.
Su estadía en el penal duraría gran parte de la tarde, hasta que se realizó la audiencia en la que el juez ordenó vincularla a proceso, acusada de este delito; no obstante, a diferencia de su ex jefe, a ella sí se le otorgó la libertad bajo fianza, abonando para ello una cantidad equivalente a los 39 millones de pesos en juego.
Para ello, dejó en garantía seis propiedades en Cozumel, además de un vehículo marca Audi. El juez también ordenó que entregara su pasaporte, para evitar que abandone el país, e indicarle que tiene que presentarse a firmar a los tribunales cada 15 días, en tanto dure su juicio.
En este punto, es válido mencionar que García Achach es hija del notario número 9 de Cozumel, Manuel Irvin García Valdez, quien posee un importante patrimonio en la Isla de las Golondrinas.
Aunque la Fiscalía ya logró cumplimentar los dos nombres de la orden de aprehensión derivada de esta carpeta, se estima que existen otras 17 personas por ser detenidas, derivados de otras tres mandatos judiciales. No obstante, varios de los ex funcionarios implicados ya están solicitando o les han sido concedidos amparos por parte de magistrados federales.
Primera en la lista se menciona a la exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, quien también estaba citada a declarar ayer, pero que hasta el cierre de edición no se había presentado.
Ella, quien igualmente está involucrada en el remate de grandes extensiones de la reserva territorial del estado, por una fracción de su costo real, cuenta con un amparo provisional por el juez séptimo de distrito del Circuito Veintisiete.
