Indagan desvíos de consejera
Por Mario Morales y Luciano Núñez > Quequi
No le cuadran las cuentas a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Mayra San Román Carrillo, quien ya ha sido denunciada por sus pares ante instancias federales, para que rinda un informe detallado en el uso del presupuesto de 2016, que fue ampliado en 91 millones de pesos, pero sin justificación.
Ante la exigencia de los consejeros, la presidenta presentó un informe de los gastos de aquel ejercicio fiscal, que fue rechazado, pues aseguran que no vino firmado, además que lo presentó por escrito, ya que ella se ausentó de la sesión extraordinaria, aduciendo estar enferma.
El documento entregado, que ya se encuentra en el portal de Transparencia del Ieqroo, contiene diversas inconsistencias, al existir rubros a los que no se había asignado recursos, pero donde se gastó importantes montos.
Por ejemplo, no se había contemplado gastos en materiales de construcción, ni en el presupuesto original ni en la ampliación otorgada por el gobierno anterior; pese a ello, se acaba erogando 3.3 millones de pesos por estos conceptos, incluyendo construcciones de yeso o de concreto, además del siempre elusivo “otros”, que no parecen coherentes con un instituto electoral.
En este abultado presupuesto también se destinaron 3.2 millones de pesos para servicios de consultoría administrativa, no obstante a que esto no estaba contemplado en el presupuesto; ni siquiera en el modificado que solicitó posteriormente la consejera presidenta.
Otro rubro poco claro es el gasto de 3.2 millones de pesos para la renta de vehículos.
Los gastos en pasajes también salen muy por encima de lo estimado: el doble para viajes marítimos, casi tres veces más para viajes aéreos y casi 20 veces más para los terrestres; sin considerar que los viáticos suben de 1.6 millones a 4.9 millones de pesos.
Para compensar estos excesos se “sacrificaron” otros rubros, como las previsiones laborales o los bienes muebles.
Aun así, el principal gasto del Ieqroo, que consumió 81 millones de pesos, o un tercio de su presupuesto, son las ayudas sociales a entidades de interés público. El monto destinado casi equivale al que se solicitó de forma adicional y que ahora se desconoce, supuestamente autorizado, pues sin él no se podían realizar las elecciones.
EN APRIETOS
Por su parte, Mayra San Román desmintió los señalamientos sobre el informe, pues asegura que sí tiene su firma, además que corresponde a los rubros que están en la cuenta pública, donde se pueden consultar todos los documentos probatorios sobre el gasto realizado.
